La Unión Europea presentó esta semana una de sus propuestas más esperadas a la par que polémicas. Francia daba impulso, hace unos meses, a la idea de dar preferencia a la producción europea sobre la extranjera en los concursos públicos de la UE. La ley Buy European o Made in Europe se materializó esta semana con una propuesta que abre la puerta a rechazar aquellas ofertas públicas en las que el contenido europeo sea inferior al 50%.
Bruselas plantea una serie de cambios en la normativa de concursos públicos, desde dar peso a la calidad y no solo al precio a la hora de decantarse por una oferta u otra en una licitación, hasta el acceso a estos concursos para aquellos países con los que la UE tenga acuerdos comerciales bilaterales, dejando fuera a los socios extranjeros que no se amparen bajo estos términos.
¿En qué consiste la propuesta exactamente?
Bruselas establece, por primera vez, la preferencia europea en las compras públicas, un mercado de 2,6 billones de euros anuales equivalente al 15% del PIB de la UE. A efectos prácticos, la Comisión Europea establece mecanismos claros de preferencia europea: podrán imponerse porcentajes mínimos de contenido europeo y conceder puntos adicionales o ventajas en términos de precios a la hora de evaluar las ofertas favoreciendo a aquellas con mayor producción europea. La norma abre la puerta a rechazar aquellas ofertas que en las que el contenido europeo no alcance el 50%.
¿Qué países tendrían acceso?
La propuesta de normativa establece que los compradores públicos podrán excluir ofertas de países terceros con los que el bloque comunitario no tenga compromisos a nivel internacional de acceso a la contratación pública. Las empresas que tengan acuerdos con la UE seguirán teniendo un acceso a la contratación pública comunitaria, aquellos que tengan acuerdos bajo la Organización Mundial del Comercio (OMC) o acuerdos de libre comercio con la UE.
¿Dónde está la frontera entre comprar europeo y mantener abierto el mercado a los aliados?
La normativa lo que hace es crear dos categorías en las que distingue entre productos y proveedores de la UE o de terceros países. Si bien ha quien tacha la medida de proteccionista, el bloque comunitario busca diferenciar entre socios a los que la UE ha prometido acceso a su mercado y con los que existe reciprocidad, es decir, que también han abierto su mercado a empresas europeas. Y contrapone este estatus a los países que no tienen derecho a ese acceso y que no han sellado este tipo de acuerdos.
¿Dónde está la controversia?
Si hasta la fecha la contratación pública europea estaba muy centrada en la competencia apertura y no discriminación, la normativa de preferencia europea establece una base para la reciprocidad. Bruselas trata de encontrar un equilibrio y evitar mantener su enorme mercado de contratación pública abierto a empresas de un tercer país si este no ofrece un acceso equivalente a empresas europeas. Una coyuntura que exige más protección frente a China, pero sin cerrar el mercado a Canadá, Reino Unido o Japón, con quien mantiene una apertura recíproca.
¿Qué papel juega la reciprocidad?
En una licitación pública, las administraciones comunitarias comprobarán que una empresa, producto o servicio de un país tercero cuente con el paraguas de acuerdos con la UE y compromisos internacionales que garantice la igualdad de acceso a su marcado. Los países cubiertos por estos acuerdos estarían en igualdad de condiciones.
La UE concibe este estatus como algo que puede fluctuar. La lista de socios fiables puede variar y aquellos países que estaban incluidos en la lista podría eliminarse si no se da a las empresas europeas el trato prometido o si se detectan dependencias que amenacen la seguridad de suministro o la seguridad económica.
¿Qué relación tiene con la ley de Aceleración Industrial?
Mientras la ley de Aceleración Industrial establece los mecanismos de preferencia de origen europeo para sectores y productos estratégicos, la ley de concursos públicos, lanzada esta semana, crea las reglas generales para esta preferencia europea. El marco legal lanzado esta semana será, según explicó el Ejecutivo comunitario, el modelo y punto de partida para futuras leyes europeas que fijen preferencias basadas en el origen.
¿Qué pasa con los socios fiables como Reino Unido?
La medida no ha llegado sin presión diplomática por parte de socios habituales de la UE como Reino Unido. La medida Made in Europe inquieto a sus aliados cercanos. El Gobierno británico se sintió inquieto ante las normas que determinarán la preferencia europea, ya no solo en los concursos públicos si no como parte de la próxima ley de Aceleración Industrial. Su temor es que los proveedores británicos quedaran expulsados de las cadenas de suministro europeas.
No solo Reino Unido, sino también Turquía o Marruecos han hecho presión para que la UE los incluya entre sus aliados cercanos, en especial para industrias como automóvil, baterías o manufactura avanzada, cuyas cadenas de suministro está totalmente integrada.
La Comisión Europea quiso tranquilizar expresamente a Londres, la preferencia europea en concursos públicos no afectará a su relación. La UE tiene acuerdos con Reino Unido que garantizan ese acceso recíproco a ambos mercados públicos.
