El nuevo Estatuto Marco del personal sanitario tendrá un impacto presupuestario de al menos 1.892,5 millones de euros durante sus primeros cinco años, una factura que recaerá en unas comunidades autónomas que destinaron cerca de 43.600 millones anuales a remunerar a su personal sanitario en 2024. La estimación del Ministerio de Sanidad es un suelo mínimo porque deja fuera dos de los cambios que serán más gravosos de una reforma fuertemente contestada por los médicos y las regiones. El texto que se tramita en el Congreso no valora así el impacto del futuro sistema de retribuciones asociado a la nueva clasificación profesional y el avance hacia la jornada ordinaria de 35 horas.
La Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que acompaña al proyecto remitido al Congreso, avanzada por Sanifax, calcula un gasto adicional de 249,57 millones en 2027 y de 1.892,52 millones acumulados hasta 2031.
Los casi 1.900 millones, sin embargo, solo recogen cinco medidas. La de mayor coste no es la reducción de jornada, sino la incorporación de determinados pagos correspondientes a guardias y atención continuada durante situaciones de incapacidad temporal y otros supuestos protegidos. Sanidad calcula para este concepto 763,37 millones en cinco años.
Le sigue la reducción de la jornada máxima conjunta de 48 a 45 horas semanales, con 593,75 millones; el refuerzo de las unidades de prevención de riesgos laborales, con 228,71 millones; el reconocimiento como tiempo de trabajo de determinados periodos destinados a la transmisión de información asistencial entre turnos, con 205,99 millones; y las nuevas compensaciones económicas por abuso de temporalidad, con otros 100,71 millones.
Solo la limitación a 45 horas a los médicos obligaría, según la hipótesis de Sanidad, a incorporar hasta 4.190 profesionales adicionales. El Ministerio parte de 62.845 especialistas que realizan guardias físicas y calcula un coste teórico de 295,45 millones anuales una vez completado el despliegue. La aplicación será progresiva, por lo que el coste global de las medidas cuantificadas aumenta desde los 249,6 millones de 2027 hasta 604,34 millones en 2031.
Hacienda cuestiona la factura
El impacto económico ha sido uno de los principales puntos de fricción entre Sanidad y Hacienda. En el informe que elaboró sobre una versión anterior de la MAIN, el departamento que dirige Arcadi España rechazó el argumento de que las diferencias entre los servicios sanitarios autonómicos hicieran imposible calcular los costes y consideró que debía realizarse una aproximación a partir de la información disponible.
La crítica llegó a calificar el planteamiento de la memoria como una «descuantificación completa» del impacto presupuestario, al entender que impedía evaluar adecuadamente las consecuencias de la norma. Hacienda identificó riesgos de gasto en jornada, retribuciones, carrera profesional, movilidad, complementos y reorganización de plantillas, y advirtió además de que buena parte de esos costes serán estructurales y se extenderán durante varios ejercicios.
La versión final de la MAIN corrige parcialmente esa carencia incorporando los 1.892 millones y un reparto territorial. Pero siguen pendientes de valoración la nueva clasificación profesional y la extensión de las 35 horas semanales.
35 horas: hasta 400 millones más
Los precedentes autonómicos permiten aproximar el coste que podría tener la extensión de la jornada de 35 horas en los servicios de salud donde todavía no está implantada. La extrapolación sitúa esa factura potencial entre 250 y 400 millones de euros anuales, con una referencia central cercana a 340 millones.
El cálculo parte de experiencias concretas. En Murcia, el impacto más sólido porque procede de gasto ya ejecutado, la reducción a 35 horas elevó el gasto de personal del Servicio Murciano de Salud en unos 55 millones de euros. Canarias manejó una estimación de 30 millones anuales y unas 750 incorporaciones cuando implantó la medida en 2019. En Madrid, los sindicatos cifraron en torno a 42 millones al año el coste y calcularon unos 1.200 puestos adicionales. En la Comunidad Valenciana, el acuerdo de 2023 contempló una dotación estimada de 120 millones para desplegar progresivamente las 35 horas.
Al relacionar estas referencias con la masa salarial sanitaria de cada territorio, los precedentes se mueven entre el 0,8% y el 3,2% del Capítulo I, según cálculos sindicales. Aplicada a los 16.870 millones de masa salarial conjunta de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Navarra, territorios donde la implantación no estaba completada, según Satse, esa proporción arroja entre 253 y 422 millones anuales. Redondeada, la estimación prudente queda en 250-400 millones, una cifra que no es oficial y que variará según el calendario, la cobertura y las necesidades reales de contratación. Sanidad no incorpora esta partida a los 1.892,5 millones cuantificados.
