La espiral alcista que han dibujado los precios de la energía tras el estallido del conflicto en Oriente Medio golpeará la economía europea. La Unión Europea se aproxima a un escenario de estanflación: altos niveles de inflación y desaceleración económica. Esta coyuntura, según confirma el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, en una entrevista con medios internacionales en la que participó elEconomista.es, supondrá una contracción en las perspectivas de crecimiento de entre el 0,4% y el 0,6%. Los Estados miembro disponen medidas para paliar la crisis energética y algunos, como España o Italia, reclaman que se suspendan las reglas fiscales. Sin embargo, el comisario letón descarta activar esta medida si no se produce un escenario de crisis económica. La receta de Bruselas sigue siendo que las capitales apliquen medidas temporales y específicas, dentro de una respuesta «moderada» que se mantenga dentro de los planes estructurales nacionales.
¿La estanflación continúa siendo un riesgo para la economía europea?
Nos enfrentamos a este escenario: la economía se está desacelerando, la inflación está aumentando. En la segunda quincena de mayo, publicaremos nuestras previsiones económicas de primavera, donde todo esto quedará reflejado. Dependiendo la duración del conflicto o de la intensidad de la crisis de los precios de la energía, esperamos una desaceleración económica en Europa de entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales. A modo de comparación, antes de la guerra en Irán, nuestras previsiones económicas apuntaban a un crecimiento económico en la UE de alrededor del 1,5 % este año. Esto da una idea de la magnitud de la desaceleración a la que nos podríamos enfrentar.
¿Cómo puede impactar esta situación en la economía española?
El impacto en España es coherente con lo que vemos, en términos generales, en toda Europa. Hay que decir que España también ha estado implantando con bastante fuerza las energías renovables en los últimos años, lo que puede mitigar el impacto. Es lo que vemos también en general en Europa. Nos enfrentamos a una crisis derivada de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, por tanto, reducir esta dependencia de los combustibles fósiles importados puede ayudar a minimizar el impacto económico. La UE es más resiliente ante la actual crisis energética de lo que lo era en 2022.
¿Qué opina sobre la solicitud de suspender las reglas fiscales para hacer frente a los costes energéticos como pidieron España e Italia, uno a nivel europeo y el otro nacional?
Nuestro consejo a los Estados miembro es que mantengan el enfoque específico y temporal en la respuesta fiscal y la aplicación de las medidas. Esto se refiere también al impacto fiscal porque, en este momento, tras la pandemia del COVID-19 y tras la crisis energética relacionada con la invasión de Rusia a Ucrania, los Estados miembro tienen unos niveles elevados de déficit y deuda. Además, el entorno de los tipos de interés es muy diferente. Durante la COVID aplicábamos el estímulo fiscal basado en el crecimiento, los tipos de interés estaban en torno a cero. Ahora los tipos de interés son mucho más altos, lo que también limita nuestro margen fiscal y el margen para el endeudamiento. Por lo tanto, nuestra recomendación general es que la respuesta sea moderada para mantenerse dentro de los parámetros de los planes estructurales fiscales nacionales. Hay que señalar que también existen algunos estabilizadores automáticos en el nuevo marco de gobernanza económica. Por ejemplo, si no es necesario compensar la caída de los ingresos debida a la desaceleración económica, tampoco es necesario compensar el componente cíclico de las prestaciones por desempleo, y los tipos de interés también contribuyen a la compensación. Hay ciertos elementos que permiten una política fiscal más expansiva.
La semana pasada, el presidente del Gobierno pidió una extensión de seis a doce meses de los fondos Next Generation para no perder los fondos vinculados al plan de Recuperación, que termina en agosto. ¿Es una opción que considera Bruselas?
Los plazos del plan de Recuperación son muy estrictos y están establecidos. Por lo tanto, deberán respetarse. Es decir, finales de agosto es la fecha límite para cumplir tanto los hitos como los objetivos. Finales de septiembre para presentar todas las solicitudes de pago. Apartarse de esos plazos requeriría cambios en el reglamento del plan de Recuperación, algo no es técnicamente factible con los meses que faltan.Este debate no es nuevo. Ya se ha debatido anteriormente. Las opiniones de los Estados miembro son muy diferentes, y varios de ellos insisten en respetar los plazos existentes. Si optáramos por prórrogas más hasta 2027, se requiere la unanimidad de los Estados y, en estos momentos, no vemos que exista.
¿Qué recomienda a los países con financiación aún por entregar?
Nuestro mensaje a los Estados miembro ha sido siempre el mismo: que se centren en la aplicación de acuerdo con los plazos establecidos en el reglamento. Es algo en lo que llevamos varios años insistiendo. Hemos pedido a los países que realicen ajustes o revisiones de sus planes de Recuperación precisamente para tener una evaluación realista de qué proyectos de inversión pueden concluirse y cuáles no.
¿Qué pasa con los proyectos de inversión de los planes de Recuperación que no han sido terminados antes de agosto?
Comprendemos la dificultad si hay un gran proyecto de inversión que no puede completarse. Para evitar que el país pierda todo el dinero dedicado a esa iniciativa, proponemos adoptar un enfoque por etapas que establece hitos y objetivos. Hasta esta etapa, este gran proyecto de inversión se lleva a cabo con el plan de Recuperación, y a partir de esa etapa, se lleva a cabo con otras fuentes de financiación. Por lo tanto, el dinero que ya se ha invertido en el marco del plan de Recuperación no se pierde. Se lleva el proyecto hasta una fase de madurez y, a partir de ahí, utilizan financiación eficiente o financiación nacional, o las fuentes de financiación que estén disponibles. En el caso de España, también ha habido revisiones sustanciales, por ejemplo, en la reducción de la solicitud de préstamos del plan de Recuperación. Ahora es importante centrarse en la implementación y la ejecución, en los pocos meses que nos quedan.
Hoy se reúne la Comisión Europea con el primer ministro electo húngaro, Peter Magyar. ¿Hasta qué punto puede Budapest reescribir su propio plan de Recuperación?
Estamos colaborando con el futuro Gobierno húngaro en el plan de Recuperación ya que nos queda muy poco tiempo. Todos los hitos y objetivos deben cumplirse antes de finales de agosto. Todas las solicitudes deben presentarse antes de finales de septiembre. Solo quedan unos pocos meses. Así que, obviamente, lo importante para Hungría es abordar las cuestiones relacionadas con nuestros denominados superhitos –hitos que estipuló Bruselas para cumplir con las garantías del Estado de Derecho o independencia del poder judicial y que condicionan la recepción de fondos–. Hungría tiene margen para modificar su plan de Recuperación, como han hecho todos los Estados miembros. Lo que aconsejamos a los Estados miembro en esas revisiones es que sean realistas.
¿Puede Hungría destinar el dinero a un banco nacional de desarrollo o a un fondo diferente para eludir el plazo del 31 de agosto para gastarlo?
Sí, es posible, en cierto sentido, transferir la financiación del plan de Recuperación a bancos de desarrollo o instituciones financieras de desarrollo. Sí, existe esa posibilidad. Varios Estados miembros la han estado utilizando. En este momento, no sé si las autoridades húngaras también estarán interesadas en este mecanismo, pero, en teoría, este mecanismo existe.
Usted se ha comprometido a cerrar los procedimientos de infracción de larga duración a los Estados miembro. A menudo parece que el problema es que el caso llegue a tramitarse. ¿La Comisión Europea se ceñirá a los plazos y evitará dejar casos en el aire?
Lo que buscamos es agilizar los procedimientos, aumentar su automatización y endurecer las sanciones. Concretamente, la idea es simplificar y acelerar los dictámenes recientes cuando sea necesario. También ser más estrictos a la hora de conceder prórrogas para un procedimiento. Establecemos una serie de condiciones sobre cómo pueden hacerlo. Las prórrogas deben tener por objeto permitir que los países adopten medidas para cumplir con lo que les pide Bruselas en su dictamen motivado. Solo puede haber una solicitud para ampliar el plazo. La idea es acelerar los procedimientos. El año pasado, la duración media de un caso de infracción fue de casi 3 años. Y casi una quinta parte de los casos de infracción duraron más de 5 años. Por eso queremos acelerar esos procedimientos. También, cuando sea necesario, recurrir más a los diálogos previos a la infracción. En general, han sido eficaces para resolver los problemas antes de iniciar el procedimiento de infracción.
Derogar legislaciones puede suponer un problema…¿Cómo se puede evitar que la desregulación cause perjuicios a los Estados miembro?
Lo que estamos haciendo no es desregulación. Hemos sido muy claros al respecto. No estamos renunciando a nuestros elevados estándares sociales o medioambientales. No estamos aboliendo nuestros objetivos políticos que forman parte de nuestro Pacto Verde. Estamos buscando cómo alcanzar nuestros objetivos con menos carga adminsitrativa y menos costes. Esta petición procede, claramente, de los Estados miembro. Ha habido varias conclusiones del Consejo Europeo en las que se insta a la Comisión a trabajar en esta agenda de simplificación. Es también una fuerte demanda de nuestra comunidad empresarial, especialmente de las pymes. La mayoría señalan las cargas administrativas como el mayor obstáculo para hacer negocios. Es necesario cambiarlo para impulsar nuestra propia competitividad en un mundo cada vez más desafiante.
¿Se plantean una simplificación de las reglas fiscales para activar la cláusula de escape sin necesidad de una crisis severa?
Nuestras normas fiscales han sido revisadas hace poco. Ya estamos aplicando el marco revisado. En cuanto a las cláusulas de escape general, estas se aplican en situaciones de grave recesión económica. Actualmente, no nos encontramos en una situación de grave recesión económica, sino en una de desaceleración económica. Y vale, entonces quizá podríamos plantear una modificación terminológica o metodológica, una simplificación de las leyes generales de escape para permitir su uso también sin que haya una recesión económica. En este tipo de cosas es donde tenemos que distinguir entre simplificación y cambio de política. Si cambiamos nuestros objetivos políticos con el Pacto Verde o las normas fiscales. Eso es un cambio de política, no es una simplificación.
La Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) quería una moratoria en la obligación de permisos medioambientales para poner en marcha obras de construcción o proyectos industriales. ¿Se menciona esa moratoria en esa comunicación de ayer?
No necesariamente lo llamaría moratoria. Pero el proceso de concesión de permisos es parte de nuestra agenda. Los procesos de concesión de permisos nos impiden, a veces, alcanzar nuestros objetivos en el despliegue de renovables o alcanzar los objetivos de la estrategia de materias primas o el desarrollo de vivienda. Estamos mirando como acelerar estos plazos de los permisos. Son parte de nuestra agenda.
