El sistema de pensiones español se enfrenta a varios retos en el corto, medio y largo plazo que, por ahora, están siendo parcheados a través de la deuda pública. Las transferencias del Estado para que las pensiones ‘cuadren’ en 2026 superarán ya los 50.000 millones de euros (en 2025 fueron 48.000 millones de euros). Esto revela, en parte, el tamaño del agujero que sufre el sistema, pero no explica del todo por qué este agujero no para de crecer. Muchos pensarán directamente en algo obvio: la inversión de la pirámide demográfica tiene toda la culpa. Sí, este desequilibrio importa y mucho a la hora de explicar este problema. Sin embargo, no es solo una cuestión de demografía, de que haya cada vez más jubilados. El problema de fondo es de otra naturaleza; este sistema promete y entrega a cada generación de jubilados bastante más de lo que esos mismos jubilados aportaron a lo largo de su vida laboral. En lenguaje técnico, esto se llama desequilibrio actuarial y en 2045 podría llegar a generar una situación en la que los pensionistas terminen recibiendo el doble de lo que han aportado al sistema durante su vida.
Resulta habitual escuchar a los afectados en los debates acerca de un posible recorte de las pensiones, que los jubilados merecen esas pensiones porque están recibiendo lo que han aportado durante su carrera laboral. Sin embargo, la realidad de los números demuestra que buena parte del desequilibrio del sistema es producto, precisamente, de la falta de veracidad de ese argumento. Lo que es más grave, cada nueva hornada de jubilados desequilibra aún más el sistema.
Estudio titular ‘Cómo reformar el sistema de pensiones’, realizado por Daniel Fernández Méndez y Santiago Calvo López, profesores de Economía e investigadores del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides, revela que el principal problema del sistema de pensiones español no es coyuntural ni exclusivamente demográfico, sino actuarial. Esto significa que, incluso si la natalidad aumentase, incluso si la inmigración fuese mayor, incluso si el empleo se disparara, el desequilibrio (aunque menor) seguiría presente, porque está inscrito en las propias reglas del sistema. El sistema promete rentabilidades que la economía española simplemente no puede sostener a través de su crecimiento económico y productividad.
Un 62% más de lo que aportan
Según Fernández y Calvo, los jubilados reciben un 62% más de lo aportado a lo largo de su vida laboral. Para entender la magnitud de esto, hay que imaginar que uno ha cotizado toda su vida y al jubilarse, no solo recupera lo aportado, sino que recibe bastante más de la mitad de nuevo por encima. El sistema, en definitiva, está ofreciendo una generosidad extra que se tiene que financiar a través de deuda pública o con más impuestos, lo que detrae recursos para otras partidas de gasto que podrían incentivar o estimular, precisamente, la tan necesaria productividad. Además, estos expertos aseguran que si no se reforma nada, la situación empeorará. Según las proyecciones de los autores, de mantenerse el marco actual, en 2045 los nuevos jubilados recibirán más del doble de sus contribuciones.
La herramienta técnica que los economistas utilizan para medir este desequilibrio se llama tasa interna de retorno (TIR), básicamente, la rentabilidad implícita que obtiene un trabajador por su participación en el sistema de pensiones. Un sistema de reparto solo puede ser sostenible si esa rentabilidad no supera el ritmo de crecimiento de la economía. En España, la brecha es notable, puesto que la TIR del sistema español es, como mínimo, del 2,6% anual mientras que el crecimiento esperado del PIB es del 1,2%. Esto implica que existe una brecha de 1,4 puntos porcentuales que el sistema no puede cubrir con sus propios recursos, lo que genera déficits recurrentes que alguien tiene que pagar, en general, las generaciones futuras.
Un desequilibrio creciente
Otra forma de expresar el mismo problema es a través del Factor de Equidad Actuarial (FdEA), un indicador que mide cuántos euros en pensiones recibe el jubilado por cada euro aportado al sistema. El equilibrio perfecto sería un factor igual a 1, es decir, cada euro cotizado se devuelve exactamente como pensión. Pero en España ese factor es muy superior. El Instituto de Actuarios Españoles estima que, en promedio, cada euro cotizado se transforma en 1,62 euros de pensión, lo que supone un 62% más de lo que correspondería en un sistema actuarialmente equilibrado. Y las proyecciones son todavía más sombrías, puesto que, bajo los supuestos demográficos de la Comisión Europea, el FdEA medio ponderado pasaría de 1,62 en 2025 a 2,14 en 2045 y 2,20 en 2065. Es decir, a mediados de siglo, cada euro cotizado generaría más de dos euros de pensión.
Lo que hace especialmente urgente la situación es que las últimas reformas políticas han ido en la dirección opuesta. En lugar de corregir el desequilibrio, lo han agravado. Según el informe, las reformas de 2021-2023, lejos de corregir estos desequilibrios, más bien los han agravado, al aumentar el coste del sistema público de pensiones.
La reindexación de las pensiones al IPC y el aumento de las cotizaciones pueden parecer medidas prudentes, pero si la rentabilidad implícita del sistema sigue siendo superior a lo que la economía puede sostener, subir salarios o cotizaciones no resuelve el fondo del problema: simplemente genera más derechos futuros en la misma proporción. Como advierten los autores, salarios más altos no solucionan nada si generan derechos a pensiones aún más elevados y mantienen intacta una rentabilidad insostenible.
La consecuencia directa de todo esto es un déficit contributivo estructural que el Estado cubre cada año con transferencias del presupuesto general. Esas transferencias compiten con el gasto en sanidad, educación, infraestructuras e investigación. Y la tendencia es que el déficit contributivo de la Seguridad Social ha de cubrirse mediante transferencias del Estado, que en última instancia se financian con impuestos presentes o futuros. La persistencia de este déficit genera una acumulación de deuda implícita que compromete la equidad intergeneracional y la sostenibilidad fiscal a largo plazo. En otras palabras, los jóvenes de hoy están financiando pensiones cuya rentabilidad nunca podrán disfrutar ellos mismos.
Aunque quizá ya es demasiado tarde, los expertos de las Hespérides proponen una reforma articulada en tres pilares complementarios. El primero consistiría en transformar el sistema de reparto actual en uno de cuentas nocionales, un modelo donde cada trabajador acumula a lo largo de su vida laboral un saldo virtual equivalente a sus cotizaciones, revalorizado al ritmo del crecimiento económico. Al jubilarse, ese saldo se convierte en pensión dividiéndolo por la esperanza de vida de su generación. La ventaja clave es que la lógica actuarial de las cuentas nocionales resuelve automáticamente los principales problemas del sistema vigente, ya que garantiza la proporcionalidad estricta entre cotizaciones y prestaciones, introduce mecanismos automáticos de ajuste ante cambios demográficos y refuerza la transparencia al permitir que cada trabajador conozca anualmente el saldo de su cuenta y una proyección de su pensión esperada. Suecia adoptó este modelo con éxito en la década de 1990 y es hoy una referencia internacional.
El segundo pilar consistiría en crear un sistema de capitalización ocupacional obligatorio: una parte de las cotizaciones iría a cuentas individuales reales, invertidas en una cartera diversificada de activos financieros. Aquí el contraste con la situación española es que el Fondo de Reserva español ha obtenido rentabilidades prácticamente nulas porque invierte exclusivamente en deuda pública nacional, mientras que los fondos públicos suecos arrojan rentabilidades reales de entre el 5 y el 6%.
Según el informe, el Fondo de Reserva español, al estar invertido íntegramente en deuda pública nacional, no constituye diversificación alguna del riesgo soberano: si el Estado español se enfrentara a dificultades financieras, el Fondo de Reserva perdería valor precisamente cuando más se necesitaría. Un fondo diversificado internacionalmente no solo ofrecería mejor rentabilidad, sino que también desconectaría el ahorro para la vejez del ciclo económico español.
El tercer pilar, de carácter voluntario, complementaría los dos anteriores mediante ahorro individual con incentivos fiscales, especialmente útil para autónomos y trabajadores con carreras irregulares.
Los investigadores de las Hespérides dejan caer en el informe que cuanto más se retrase la corrección del desequilibrio, más abruptas serán las medidas necesarias y menor el margen para repartir los costes de manera equitativa. Sin reforma, las generaciones jóvenes se enfrentarán o bien a impuestos crecientes para financiar pensiones insostenibles, o bien a recortes drásticos cuando el sistema colapse.
