La parálisis del Parlamento es un hecho. No se trata tan solo de los reales decretos-leyes -única forma de gobierno dada la minoría que apoya al Gobierno- que son rechazados. Es que los que pasan a ser proyectos de ley se están eternizando en su tramitación hasta el punto de que, desde febrero de 2024, al menos 40, lo que supone el 75% de lo presentado el Gobierno, siguen varados en las comisiones correspondientes. De ellos 20, la mitad, son proyectos de ley de carácter económico.
Un ejemplo de proyecto de ley encalladísimo en el tiempo es el que crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para resolución extrajudicial de conflictos. Este proyecto ha dejado de ser un hito comprometido con Bruselas de cara a los fondos del Plan de Recuperación, pero continúa su trámite parlamentario y ahora está en la fase de informe de la Comisión de Economía.
Dos años de retraso en dicha Comisión para un proyecto de ley que no suscita polémica política. Semejante parada en el arcén lleva la transposición de una directiva europea sobre el nivel asistencial de la protección por desempleo.
Asimismo, el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III), que dejaron de estar vigentes el 31 de diciembre pasado, un proyecto de ley con diferentes modificaciones tributarias o los proyectos de ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud o el de su Equidad y Cohesión se encuentran aún en la fase de enmiendas. También estos dos últimos proyectos han dejado de ser un hito para los fondos europeos, Se sustituyen por la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, ya aprobada por la Cámara Baja. Aunque los dos proyectos de ley mencionados continúan su trámite parlamentario.
Entre los proyectos más significativos en el campo económico hay que destacar las medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria que el Ministerio de Economía aprobó en abril ante los anuncios de la Administración Trump. O la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con un trabajo que sigue a la espera de la aprobación de las enmiendas.
Pero si hay un retraso que llama la atención es el del proyecto de ley de la Función Pública de la Administración del Estado. Esta ley está pendiente desde que José María Escrivá era ministro en 2024. Ahora espera el informe de la Comisión de Hacienda, por lo que todavía no ha llegado al Pleno.
El suma y sigue de los proyectos de carácter económico no se para aquí. La Ley de Industria y Autonomía Estratégica, con la que se pretende convertir al sector industrial español en un referente de valor añadido, lleva más de un año en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso. Tampoco avanza el proyecto de ley de relanzamiento de la Comisión Nacional de la Energía. Junts está en contra de este proyecto y eso lo mantiene hibernando en la Comisión parlamentaria meses y meses.
Hay un proyecto de ley, el de administradores y compradores de crédito, que engloba modificaciones de leyes tan importantes como la de Reforma del Sistema Financiero o el Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobada en 2022. Desde marzo de 2025 duerme en la Comisión de Economía a la espera de la aprobación o el rechazo de enmiendas. Este tipo de reformas ya caen hasta en el olvido, incluso de los sectores implicados, que no ven solución a la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios.
La prórroga de las medidas para afrontar propuestas económicas por los conflictos de Ucrania y de Oriente Próximo tampoco se ha llevado a cabo. Entró en la Cámara Baja en julio de 2024 y ahí sigue.
Lo mismo que los proyectos de ley de medidas urgentes para contrarrestar los efectos de la Dana ocurrida el 29 de octubre de 2024. En esta situación de impasse se encuentran otros dos proyectos más que van en el mismo sentido. Las medidas para la reconstrucción de las zonas afectadas y de apoyo a las víctimas ya están en vigor, por lo mismo que muchas contenidas en los demás proyectos de ley.
Al aprobarse por real decreto-ley y salir este convalidado del Congreso, su contenido ya es ley. Lo que no quiere decir que se haya debatido en las comisiones pertinentes, o enmendado por los grupos o, en definitiva, haya sido objeto de un control parlamentario en condiciones. No obstante, el recurso del real decreto-ley permite que tengan una vigencia preliminar, en algunos casos, si este es convalidado.
La transposición de la directiva de la Unión Europea para modificar el Estatuto de los Trabajdores o el proyecto de ley del texto refundido sobre Puertos del Estado y la Marina Mercante son otras normas de ámbito económico que también están bloqueadas desde hace tiempo.
Y no hay que dejar de mencionar la publicitada ley que pretende regular la actividad de los grupos de interés o «lobbys», los cuales actúan hasta la fecha en un vacío legal.
Desde que comenzó el periodo de sesiones el pasado septiembre, el Congreso ha recibido más proyectos de ley. Estos se encuentran en una fase de tramitación normal y no se puede decir que estén paralizados, ya que todavía no ha transcurrido tiempo para ello. Hasta finales de diciembre de 2025, la Cámara Baja ha acogido para su trámite como proyectos de ley algunos tan importantes como el que autoriza a las entidades locales a gastar su superávit en inversiones sostenibles durante un tiempo que, a su vez, incluye los requisitos del llamado sistema Verifactu para facturación de autónomos.
Pero las retribuciones de los empleados del sector público y las medidas excepcionales para la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas, es decir la condonación de deuda, también aguardan su visto bueno como proyectos de ley. El pasado enero entró igualmente el proyecto de ayudas al transporte público. Todos ellos quedan a la espera.
