Los últimos años han estado marcados por una consecución de anuncios en materia laboral, sobre los que, como es habitual, las posiciones de la patronal y los sindicatos siempre guardaban una distancia. No obstante, el hecho de que todos firmaran la reforma laboral de 2021 permitió sentar las bases para el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de 2023, cuya vigencia termina este año. Sin embargo, el peso de los temas que están ahora en el aire (reducción de la jornada laboral, registro horario, reforma del despido y alza del SMI) construye un terreno desfavorable para iniciar las conversaciones para renovarlo y diluye las opciones de llegar a un acuerdo.
Fuentes empresariales trasladan a elEconomista.es que es difícil abrir una negociación para acordar la recomendación de subidas salariales para 2026, 2027 y 2028 mientras se mantiene la incógnita sobre qué va a pasar con la reducción de la jornada laboral y se incorporan al debate nuevos temas como la reforma de la indemnización por despido, que entienden que enmienda los términos cerrados en la ley de 2021.
Dentro de CEOE y Cepyme, algunas voces dudan de que puedan siquiera sentarse a hablarlo, dado que existe un clima de desconfianza hacia los sindicatos por haber llegado a acuerdos con el Gobierno sobre materias –como las 37,5 horas– que decidieron dejar de lado en el AENC. Otras, creen que si reciben la petición de CCOO y UGT acudirán a las reuniones de negociación, pero no ven incentivos para tratar de llegar a un consenso en este contexto.
«Te preguntas de qué sirve pactar si te cambian las reglas mientras sigue vigente el acuerdo» admite otro líder empresarial que lee el cúmulo de anuncios como parte de una estrategia preelectoral. En la patronal hay quienes separan la agenda política de la seguida por los interlocutores sociales, pero reconocen que este acuerdo es el más expuesto a estas incógnitas.
Los sindicatos, por su parte, transmitieron antes de verano su voluntad de convocar a la patronal antes de que termine el año. Ahora, las ejecutivas de los dos sindicatos más representativos, tratan de acordar una propuesta conjunta para el próximo AENC. CCOO y UGT no creen que este texto pueda servir como alternativa a la ley para reducir la jornada, dado que la norma protegería a los trabajadores que no están amparados por un convenio. Si bien, han declarado que aprovecharán este espacio para volver a tratar el recorte de jornada con CEOE y Cepyme.
Al mismo tiempo, han prometido hacer una «ofensiva salarial» por la que demandarán incrementos que superen en varios puntos porcentuales al IPC medio anual, en tanto que los precios de la vivienda están excluidos del índice elaborado por el INE y entienden que son el valor que más condiciona el poder adquisitivo de los trabajadores de todo el país.
El escenario de esta negociación va a ser muy diferente a la anterior, condicionada por los llamamientos desde el Gobierno y desde el propio Banco de España a hacer un pacto de rentas con el que dividirse el impacto de la inflación. Y desde los sindicatos también son conscientes de la complejidad, por lo que advierten que la ausencia de un pacto conduciría a un periodo de mayor conflictividad social mientras demandan al Gobierno que avance en la dirección señalada con estos anuncios.
Registro de jornada
El Congreso de los Diputados rechazó hace dos semanas debatir la ley que recogía el acuerdo cerrado por el Gobierno con CCOO y UGT para cambiar el límite semanal de 40 a 37,5 horas. La responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido a recuperarlo sin concretar plazos, pero las dudas sobre cuál será la jornada máxima en los próximos años se mantienen sobre los hombros de los empresarios, ya que algunos todavía temen que Junts pueda cambiar de posición.
En paralelo, este departamento ha decidido desprender parte de la regulación que modificaba el registro obligatorio de jornada en las empresas y sacarlo adelante en forma de reglamento. Esta fórmula permite que los cambios puedan ser aprobados en Consejo de Ministros, sin tener que superar el trámite parlamentario, pero cuenta con limitaciones, como que no puede elevar las sanciones por incumplimiento o establecer que estas se impongan por cada trabajador en lugar de cada empresa, como sucede ahora.
El Gobierno quiere obligar a que el registro del tiempo de trabajo sea digital para así, conceder acceso directo en remoto a la Inspección de Trabajo y a los representantes de los trabajadores, algo que fuentes empresariales califican como especialmente grave. En el entorno de la patronal también existen dudas sobre la seguridad de estos datos a los que todavía no se ha decidido si se podrá acceder a través de una herramienta pública. Díaz busca despejar estas dudas consultando a la Agencia de Protección de Datos sobre estos cambios.
Indemnización por despido
Díaz sorprendió este jueves al anunciar en una jornada organizada por UGT que abriría una mesa de negociación para reformar la indemnización por despido en el mes de octubre. Estas declaraciones sucedieron a la votación en el Congreso de una proposición no de ley impulsada por Sumar en la que se instaba al Ejecutivo a adaptar la norma para adecuarla a la Carta Social Europea y el convenio de la OIT. El objetivo es cambiar los 33 días por año trabajado con un máximo de dos años por una serie de criterios subjetivos a partir de los que se calcularía una indemnización a la carta.
Los representantes de la patronal y los sindicatos daban por sentado que esta cuestión se dejaría en el tintero para una eventual futura legislatura y descartan que pueda llegar a producirse un acuerdo a tres. Para CEOE supone una enmienda a la reforma laboral de 2021 y UGT ya ha reclamado a Trabajo que no dilate los tiempos para buscar un acuerdo con los de Antonio Garamendi y pase a la fase legislativa. Si bien, parece improbable que fuera a reunir apoyos en el Congreso.
Regulación del SMI
Trabajo también va a convocar en cuestión de semanas al comité de expertos elegido por su cartera para que recomiende una subida del SMI. En paralelo mantiene abierta una mesa para trasponer la directiva de salarios mínimos que volverá a reunirse este lunes. Díaz quiere bloquear los complementos salariales que vinieran percibiendo los trabajadores antes del alza y busca introducir la referencia al 60% del salario medio con la que quiere abrir la puerta a una subida automática del SMI que no contenta ni a los sindicatos –que perderían poder de negociación– ni a la patronal, por dejar de lado otros factores.
