Las vacantes de las empresas españolas alcanzaron en el segundo trimestre del año una cifra de 149.739, una cifra que se reduce en un leve 1,6% respecto a hace un año pero que se afirma en los niveles históricos alcanzados tras la pandemia. De hecho, el indicador se ha disparado un 39,25% respecto al segundo trimestre de 2019 (y un 27,75% si solo contamos al sector privado), aunque esto solo es la punta del iceberg: los informes del Servicio Público de Empleo Estatal estiman que la mitad de los puestos disponibles ofertados por las empresas llevan más de tres meses esperando un trabajador. Y son los que más crecen, hasta el punto de que el organismo considera que «suponen un problema real sobre el que verdaderamente se necesitaría poner el foco».
¿Pero tiene España un problema de vacantes o la cuestión es mucho más compleja? Los datos de la última Encuesta Trimestral de Costes Laborales —que se utilizan como referencia para medir las dificultades de las empresas para contratar— no parecen demasiado coherentes con una economía que firma 1,5 millones de contratos al mes (de los que el 40% son indefinidos). Tampoco lo son con un stock de 2,5 millones de personas desempleadas que buscan activamente un trabajo y están dispuestas a incorporarse de forma inmediata.
Por si esto fuera poco, la tasa de vacantes (porcentaje de vacantes sobre el total de empleos existentes, tanto ocupados como disponibles) apenas llega al 0,8%, la más baja de la zona euro y la segunda más baja de toda la UE —solo por detrás de Rumanía—, donde la media se sitúa en el 2,1%. En países como Alemania y Francia alcanza el 2,5%, y en otros como Bélgica o Países Bajos se sitúa en el 4%. Además, el 33% de las vacantes en España corresponden al sector público, un porcentaje que supera con creces al del resto de los Veintisiete.
La combinación de estos factores explica que el incremento de las vacantes no haya tenido el impacto sobre los salarios que sí se ha observado en otras grandes economías del euro. Aunque entre 2022 y 2024 se produjo un repunte de los salarios ofrecidos en las ofertas de empleo —superior al de los establecidos en los convenios, síntoma claro de dificultades para contratar—, esta brecha se ha ido cerrando en los últimos meses.
Todo ello parece poner en cuestión las advertencias no solo de las empresas y las patronales, sino también de un número creciente de organismos públicos, entre los que destaca el SEPE en su Informe sobre el Ajuste de la Oferta y la Demanda de Empleo. El organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo, lleva publicando este análisis desde 2023, aunque la mención a un «problema» con las vacantes de difícil cobertura solo se ha hecho explícita en los dos últimos años. Hablamos de puestos de trabajo que, a pesar de las «medidas activas» llevadas a cabo por los empleadores, llevan tres meses o más sin cubrirse.
Para profundizar en esta cuestión, en su revisión de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales, el SEPE excluye las vacantes del sector público. La razón es que estas «se gestionan mediante procedimientos específicos, no comparables a los mecanismos habituales de cobertura existentes en el sector privado«, por lo que tampoco afrontan supuestos de «difícil cobertura» como los que afectan a las empresas.
El SEPE centra su análisis más reciente en la evolución entre el primer trimestre de 2023 y el cierre de 2024. En este bienio se confirma una moderación de las vacantes, pero que responde al sector público. Así, las vacantes totales (incluyendo las públicas) crecieron un 2,2%, porcentaje que se eleva al 6,6% si contamos solo las del sector privado. Esto confirma que, en los dos últimos años, las administraciones han pisado el freno en sus vacantes, mientras que las del sector privado han repuntado. Y el problema es que cada vez les cuesta más cubrirlas.
De hecho, el SEPE revela que en estos dos ejercicios las vacantes de difícil cobertura han crecido un 14,96% y suponen ya la mitad del total. Aunque avisa de que este peso fluctúa mucho según el momento del año. Así, en el primer trimestre de 2024 alcanzaron el 53,4%, mientras que al cierre del ejercicio se situaban en el 42,3%. Este factor estacional responde claramente a las empresas en las que se concentran.
¿Cómo se reparten las vacantes por cubrir?
El 85,2% de las vacantes de difícil cobertura corresponden al sector servicios, si bien el SEPE recuerda que aquí se incluyen las empresas de trabajo temporal, cuyas vacantes podrían estar, en realidad, vinculadas a otros sectores. En todo caso, la industria sería el segundo sector con más vacantes de difícil cobertura (9,49%) y la construcción el que presentaría un menor volumen (5,33%), según el SEPE.
Sin embargo, los porcentajes relativos para cada sector son similares: 39,2% para la industria, 44,4% para la construcción y 43,3% para los servicios. Por tamaño de las empresas, hay una mayor diferencia: si en construcción el 78,4% de las pequeñas empresas denuncian dificultades, en industria son las medianas empresas (42,42%), mientras que en servicios estas vacantes se concentran, principalmente, en las empresas más grandes (47,2%).
En términos de incremento, el análisis revela una importante volatilidad entre los sectores. Así, el mayor incremento acumulado entre 2023 y 2024 se registra en la construcción, con un 42,2%, frente al 39,3% de la industria y el 11,5% de los servicios.
Si analizamos la distribución, no por sectores, sino por ramas de actividad, vemos que no existe una correlación exacta entre el peso relativo de cada una en las vacantes generales en el sector privado y en las de difícil cobertura. Es más, los servicios auxiliares (que incluyen la actividad de ETTs), las actividades profesionales (donde se incluyen la consultoría, los despachos profesionales, etc.) y el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) tienen más peso entre las vacantes de difícil cobertura que en el total general, mientras que en el resto ocurre lo contrario.
Aun así, resulta llamativo que el 95% de los puestos para los que se lleva más tiempo buscando trabajadores se concentren en solo diez grupos de profesiones, que apenas suponen el 79% del total de vacantes.
Al analizar esos datos hay que tener en cuenta el peso que cada una de estas ramas de actividad tiene en el empleo. Llama la atención que sectores como la hostelería, que generan un importante volumen de ocupados tengan casi el mismo número de vacantes que el sector TIC, que apenas aporta el 5% de la ocupación. Pero resulta aún más sorprendente que este último genere más puestos de difícil cobertura.
El siguiente peldaño es comprobar el porcentaje de vacantes de difícil cobertura que sufre cada rama de actividad. Aquí se confirma que las actividades que exigen mayor cualificación tienen mayores dificultades para encontrar profesionales. Pero también los servicios auxiliares, empleos marcados por la rotación laboral o los bajos salarios.
Esto contribuye a entender la paradójica relación entre salarios y vacantes apuntada al principio del artículo: aunque los sectores de más valor añadido tienen más problemas para contratar —y esto puede llevar a las empresas a ofrecer salarios superiores a los pactados en convenio—, su peso en el mercado laboral es demasiado reducido como para que tenga un impacto significativo en los agregados salariales a medio plazo. A esto se suma quela transparencia salarial en las ofertas de empleo es reducida en España, sobre todo en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios auxiliares, donde muchas ofertas ni siquiera aparecen en portales de empleo.
Sin embargo, el reducido impacto en los salarios (y con ello en los precios y la inflación) no impide que los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales apunten a un claro desequilibrio entre oferta y demanda en un mercado de trabajo con 2,5 millones de desempleados, sobre todo en sectores de claro valor añadido y cuyo peso en la economía debería ser mayor del que actualmente tienen. Un desafío sobre el que el SEPE, al igual que el Banco de España y otros organismos, invita a poner el foco para diseñar una política de empleo lo más eficaz posible.
