La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha reclamado el apoyo de la Asamblea de Extremadura al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027, que incorporan modificaciones para dar continuidad a un sistema tributario «más justo» y enfocado a que la comunidad mantenga el impulso económico para «seguir creciendo» y mejorando la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.
La oposición extremeña, formada por el PSOE y Unidas por Extremadura, ha mostrado su rechazo a los Presupuestos Generales de Extremadura para 2027 y ha defendido la devolución de las cuentas al Gobierno autonómico mediante la presentación de enmiendas a la totalidad. Sin embargo, ambas iniciativas han sido rechazadas en la Asamblea, por lo que los presupuestos continúan su tramitación parlamentaria.
El PSOE considera que las cuentas carecen de ambición transformadora y critica que, pese al incremento del presupuesto, no se destinen suficientes recursos a mejorar los servicios públicos y afrontar los principales problemas de la región. Entre sus principales preocupaciones se encuentran el empleo, el acceso a la vivienda, la sanidad y la educación. Asimismo, los socialistas cuestionan las rebajas fiscales previstas, al entender que benefician especialmente a las rentas más altas y a determinadas grandes empresas.
Por su parte, Unidas por Extremadura también ha cuestionado el contenido de los presupuestos, a los que considera continuistas e insuficientes para dar respuesta a las necesidades sociales de la comunidad autónoma. La formación critica especialmente la política fiscal del Ejecutivo regional, al considerar que favorece a las grandes fortunas y a las compañías eléctricas, mientras que no se refuerzan lo suficiente las medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.
Ambas formaciones coinciden en reclamar unas cuentas que prioricen la inversión en los servicios públicos, la creación de empleo y las políticas sociales, aunque mantienen sus propios planteamientos sobre cómo deben abordarse estas cuestiones. Frente a estas críticas, el Gobierno autonómico, integrado por el PP y Vox, defiende sus presupuestos como una herramienta para impulsar el crecimiento económico y mantener su política de reducción de impuestos.
Unas cuentas que recogen 9.254 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,8 por ciento, que suponen 424,9 millones más que en el presente ejercicio, que además llegan llegan apenas unos meses después de aprobar las cuentas de este 2026 que ya incorporaban 600 millones de euros más.
Así, en su primera intervención en el debate de totalidad del Proyecto de Presupuestos, que ha recibido sendas enmiendas a la totalidad de los dos grupos de la oposición, el Socialista y Unidas por Extremadura, ha señalado que presenta unas cuentas que «se nutren de un sistema tributario muchísimo más justo y que enfocan el gasto en lo verdaderamente importante».
«Que nuestra tierra siga creciendo, en prestar esos servicios públicos de calidad, en llegar a todos y cada uno de los extremeños», ha añadido Elena Manzano, quien ha defendido que son «9.254 millones para ir viento en popa» y «a toda vela».
Unas cuentas que asimismo representan un «compromiso» con los más de un millón de habitantes que residen en la comunidad autónoma, y con los «principios básicos de igualdad, de justicia y de cohesión territorial» para que Extremadura siga siendo «el mejor lugar para vivir y siga garantizando la prestación de los servicios públicos a todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan».
Una previsión de ingresos y gastos elaborada en un contexto de crecimiento económico, con proyección de aumento del 1,8 % del PIB, que es incluso inferior a la avalada por la AIREF en torno a un 2 %, y acompañada por datos económicos positivos entre los que ha citado las cifras del mercado laboral, el incremento del número de empresas o de las exportaciones.
Una comunidad que, por tanto, crece, y que lo hace respetando las normas de estabilidad presupuestaria, cumpliendo la regla de gasto cifrada en el 4% para el año 2027 y presupuestando las cuentas en un 0,1% de déficit, además de un nivel de deuda inferior a la media nacional.
Fin al infierno fiscal socialista
Las cuentas autonómicas dan continuidad al impulso al sistema tributario «justo e igualitario» que plantea el actual ejecutivo regional desde su llegada en 2023 para acabar con el «infierno fiscal socialista que lastraba» el crecimiento de la comunidad y que «expulsaba a nuestra población durante décadas», ha señalado la responsable de las cuentas autonómicas.
Manzano ha expuesto nuevamente todas las novedades fiscales que recogen las cuentas para 2027, si bien se ha centrado en la nueva tarifa del IRPF que plantea una bajada del tipo en los dos primeros tramos hasta situarlos «en los más bajos de todo el país».
«El IRPF más bajo de todo el país para contribuyentes mileuristas, para contribuyentes que ganan menos de 20.200 euros, está aquí, está en Extremadura», ha subrayado la consejera extremeña.
De esta forma, ha precisado que desde el inicio del mandato del gobierno de María Guardiola se han devuelto ya 128 millones de euros a los extremeños, y con esta nueva bajada de impuestos se van a devolver otros 49 millones de euros más, al mismo tiempo que la comunidad recauda «más que nunca», con un incremento que ha cifrado en 525 millones de euros «por ese dinamismo económico, porque la gente se queda y puede trabajar aquí».
Asimismo se ha referido a las novedades introducidas en los impuestos al alquiler, la rehabilitación y la compra de viviendas, así como las bonificaciones para pacientes de talidomida y polio, que se suman a la ya aplicada para los de ELA.
Igualmente, ha dicho que en el gobierno regional están «orgullosos» de conseguir la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz tras comprometerse a bajar el Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medioambiente «ante la absoluta desesperación de las eléctricas de tener que tributar a tipos desorbitados».
Reclama 375 millones al Estado
Unas cuentas, las de 2027, que son las más altas de la historia, pero ante las que no se conforman, ha dicho, momento en el que ha recordado los cuatro requerimientos planteados contra liquidaciones de la financiación autonómica, tres de los cuáles están a día de hoy en la Audiencia Nacional, y que espera que serán resueltos «en breve», junto al último presentado el pasado 16 de octubre.
Cuatro requerimientos por los sistemas de financiación autonómica de 2021, 2022, 2023 y el último 2024, en los que la comunidad exige al Estado 372 millones de euros de «dinero extremeño» que le corresponde a la comunidad autónoma.
Por otro lado, Extremadura ha reclamado también al Estado los intereses generados por no recibir en plazo las actualizaciones de las entregas a cuenta, que ha cifrado en 3 millones de euros, que son «de todos los extremeños», y que el Ejecutivo regional solicita porque «aquí, cada céntimo cuenta».
700 millones más para los empleados públicos
Además de los ingresos, en esta primera intervención en el arranque de esta sesión plenaria ha repasado algunas de las partidas de gasto más importantes por consejerías, tal y como ya hizo en la exposición tras el registro de los presupuestos en la Cámara regional el pasado 16 de octubre.
Todas ellas con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios públicos, que no sería posible, ha dicho, sin el «principal activo» con el que cuenta la administración pública, que son sus 56.424 empleados públicos, que se distribuyen en los 18.772 de Administración General, 18.304 del ámbito educativo, y 19.348 del sanitario.
Manzano ha señalado que el gobierno regional trabaja cada día para que puedan tener «las mejores condiciones», y así lo han hecho mediante la estabilización de 9.600 trabajadores, y con «cada una de las subidas salariales» que le correspondía al actual ejecutivo, y también con «algunas que no eran nuestras», en alusión a la subida salarial del 2% del año 2020, que se terminará de abonar en 2027.
Con todo, ha cifrado en 400 millones de euros los abonados en estas actualizaciones salariales a los empleados públicos desde el inicio del mandato de María Guardiola en 2023. De cara al próximo ejercicio está proyectada además otra subida del 5%, que suponen otros 164 millones de euros.
Si a todo esto se suma la cantidad que se ha puesto encima de la mesa ya para la equiparación en el ámbito de Administración general y en el SES, la cifra alcanzará los 700 millones de euros desde 2023, ha planteado la consejera.
