En España, la inmensa mayoría de las personas mayores de 65 años son propietarias de su vivienda habitual, aunque eso no quita que un porcentaje importante de pensionistas se vea obligado a vivir de alquiler hoy en día.
Por norma general los que perciben una pensión no contributiva cuentan con ingresos más limitados, ya que estas prestaciones suelen ser de menor importe, concretamente de entre 2.200,80 y 8.803,20 euros anuales, una cantidad ínfima al mes: 157,20 euros en el caso de las pensiones mínimas y 628,80 euros para las máximas. Teniendo en cuenta que el precio medio del alquiler ronda los 13,73 euros por metro cuadrado, arrendar un piso tipo de 90 metros saldría por unos 1.235,70 euros al mes.
Para hacer frente a esta descompensación, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) concede una ayuda de 525 euros anuales a los pensionistas que estén de alquiler y cobren una prestación no contributiva de jubilación o invalidez. Eso sí, para solicitarla deben acreditar que se trata de su domicilio habitual y que carecen de vivienda en propiedad.
A tener en cuenta
Otro de los requisitos fundamentales es no tener relación conyugal o de parentesco hasta tercer grado (padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, bisabuelos, bisnietos, tíos o sobrinos) con el casero, es decir, con el dueño del inmueble, con el que tampoco pueden mantener una relación afectiva estable.
En cualquier caso, es obligatorio que el pensionista no contributivo que esté interesado en la ayuda de 525 euros para el alquiler tenga fijada su residencia habitual en la vivienda alquilada. El Imserso entenderá que se trata de la vivienda habitual cuando la vigencia del arrendamiento no sea inferior a un año y haya residido en el mismo inmueble durante un periodo mínimo de 180 días anteriores a la fecha de solicitud.
El organismo decidirá si concede la ayuda o no en un plazo de tres meses, a contar desde que se presenta la solicitud. Si se aprueba, se abonará en un pago único antes del 31 de diciembre del año curso, o como muy tarde en el primer semestre del año siguiente.
Solo durante el año pasado se concedieron más de 22.000 ayudas de este tipo de un total de 27.000 solicitudes, lo que significa que se aprueban más del 80% de las peticiones. La mayoría de los beneficiarios se concentraron en Cataluña, Andalucía, Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana, con un desembolso de más de 11,5 millones de euros.
