Andalucía necesitaría 2.000 millones de euros adicionales cada año para alcanzar con el nuevo modelo de financiación autonómica el mismo nivel de recursos por habitante ajustado que Cataluña. Es la principal denuncia que ha puesto sobre la mesa la Junta tras el rechazo de la comunidad al sistema planteado por el Gobierno, que ha salido adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el único respaldo de Cataluña y Canarias.
La vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido que la propuesta mantiene la infrafinanciación de Andalucía y rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos, al establecer diferencias de recursos en función del territorio de residencia. La consejera ha reclamado así la retirada de un modelo que, a su juicio, «lejos de corregir las desigualdades del actual sistema, mantiene a Andalucía infrafinanciada y consagra un modelo de privilegios territoriales pactado al margen de las comunidades autónomas».
El principal argumento de la Junta se apoya en la comparación con Cataluña. Según los cálculos de España, con el nuevo sistema Andalucía dispondría de 244 euros menos por habitante ajustado que Cataluña, una diferencia que también se eleva a 418 euros frente a Cantabria, 248 euros respecto a Madrid y 223 euros frente a Baleares.
España ha cuestionado así que un modelo que pretende garantizar la suficiencia financiera de las comunidades pueda mantener diferencias de este calibre. «El Sistema de Financiación Autonómica debe responder al interés general y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, y no utilizarse como instrumento de negociación política para obtener apoyos parlamentarios», ha señalado.
Uno de los elementos que más preocupa a la Junta es la aplicación del principio de ordinalidad, por el que las comunidades con mayor capacidad económica mantienen una posición favorable en el reparto de recursos. España considera que este planteamiento no garantiza una distribución equitativa de la financiación y sostiene que Andalucía parte de una situación de desventaja que el nuevo modelo no resuelve.
La diferencia con Cataluña se traduce, según sus cálculos, en esos 2.000 millones de euros anuales que Andalucía necesitaría para situarse al mismo nivel de financiación por habitante ajustado. La cifra se ha convertido en uno de los principales argumentos de la Junta contra una reforma que el Gobierno central defiende, por el contrario, como un incremento de recursos para el conjunto de las comunidades. El Ministerio de Hacienda cifra en 20.975 millones de euros el aumento de recursos autonómicos que contempla la propuesta.
La crítica andaluza no se limita, sin embargo, al resultado del reparto. España también ha cuestionado el procedimiento seguido para diseñar el nuevo modelo y ha lamentado que las comunidades autónomas no hayan participado en su negociación en los términos que, a su juicio, habría requerido una reforma de estas características.
«No se ha tenido en cuenta ni una de las alegaciones presentadas por Andalucía ni por ninguna otra comunidad autónoma», ha afirmado la consejera, que ha reclamado que cualquier nuevo sistema sea fruto de un acuerdo multilateral y no de negociaciones bilaterales con determinados territorios.
En esta línea, Andalucía ha vuelto a reclamar un fondo de nivelación transitorio que permita corregir de forma inmediata la infrafinanciación que, según la Junta, arrastra la comunidad mientras se alcanza un nuevo modelo. España también ha cuestionado el cambio de posición del actual ministro de Hacienda, Arcadi España, respecto a esta herramienta, después de que durante su etapa como responsable de Hacienda de la Generalitat Valenciana defendiera un mecanismo de estas características.
El rechazo al nuevo modelo ha sido mayoritario en el CPFF. Todas las comunidades salvo Cataluña y Canarias votaron en contra, incluidas Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE. El Ejecutivo andaluz ha destacado que el rechazo representa al 90% del territorio español.
La Junta mantiene, pese a todo, su disposición a negociar una nueva financiación autonómica, aunque exige que el futuro sistema se apoye en los principios de igualdad, suficiencia financiera y transparencia, respete las competencias de las comunidades y dé una respuesta específica a la infrafinanciación que Andalucía denuncia desde hace años.
La disputa por el modelo de financiación se suma así a la creciente tensión entre la Junta y el Gobierno central. Mientras el Ejecutivo defiende que la reforma permitirá aumentar los recursos disponibles para las autonomías, Andalucía centra su oposición en el reparto final y, especialmente, en la diferencia que mantiene respecto a Cataluña. España ha reclamado a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que explique «por qué un ciudadano de Andalucía vale 244 euros menos que un ciudadano de Cataluña».
Apoyo a Ceuta
El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha servido también para que las comunidades autónomas expresen su solidaridad y apoyo a Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma. Los territorios han presentado un manifiesto en el que defienden que la situación trasciende el ámbito estrictamente migratorio.
En el documento, las comunidades sostienen que cuando se vulnera una frontera española y europea y se pone en riesgo la integridad territorial, la seguridad, la convivencia y el funcionamiento de los servicios públicos, se trata de una cuestión que afecta al conjunto del país y que requiere una «respuesta de Estado».
El manifiesto concluye que Ceuta no está sola y que la defensa de su estabilidad y su futuro constituye una responsabilidad compartida por todas las instituciones y territorios de España.
