La adaptación de las leyes de Asilo y Extranjería al nuevo marco europeo traerá consigo cambios sustanciales en el sistema migratorio español. Según ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La reforma introducirá el triaje obligatorio, acelerará las expulsiones en frontera, suprimirá las autorizaciones de residencia por razones humanitarias e introducirá medidas de solidaridad en la aceptación de inmigrantes entre los Veintisiete. Marlaska ha insistido en que la reforma se hará para hacer la legislación «más garantista».
Marlaska lanza una reforma de la Ley de Extranjería para hacerla «más garantista»
El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta dos anteproyectos de ley que suponen la completa sustitución de la actual Ley de Asilo y una profunda modificación de la Ley de Extranjería, con el objetivo de encajar el ordenamiento jurídico nacional en el engranaje del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA).
Un riguroso cribado
La tramitación exprés iniciada este martes, que ahora recabará informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, busca acelerar al máximo el despliegue de las nuevas normas antes de que concluyan los plazos de implementación obligatoria de Bruselas.
A partir de la entrada en vigor de la reforma, todo extranjero que cruce las fronteras españolas de forma irregular o sea interceptado en el territorio sin controles previos será sometido a un riguroso cribado inmediato para la identificación y registro biométrico, contrastado y volcado en la base de datos europea Eurodac (que ahora rebaja la edad de registro de los 14 a los 6 años).
Se cruzarán datos con registros nacionales y del Sistema de Información Schengen (SIS) para evaluar riesgos para el orden público. También, se efectuarán un reconocimiento médico y un examen de vulnerabilidad preliminares; y, finalmente, se procederá a la detección de menores no acompañados, víctimas de trata o tortura para su adecuada derivación.
Diferencias de plazos
El gran reto logístico y jurídico para España radica en los tiempos. Mientras que el Reglamento europeo de triaje permite a los Estados miembros un margen de hasta siete días para realizar el cribado en fronteras, la legislación española mantendrá el límite de 72 horas, establecido por la Constitución.
Una novedad importante es que España asume uno de los conceptos más controvertidos del Pacto de la UE, como es la ficción jurídica de no entrada. Así, mientras un migrante esté realizando el triaje o bajo el nuevo procedimiento fronterizo acelerado, se considerará que no ha ingresado en territorio español.
El procedimiento fronterizo exprés durará un máximo de 12 semanas y se aplicará obligatoriamente a los solicitantes de países con una tasa de reconocimiento de asilo en la UE inferior al 20%, o que utilicen engaños o supongan un riesgo para la seguridad. Si la solicitud de protección es denegada se procederá al retorno automático y directo del migrante. La denegación llevará aparejada la expulsión inmediata, suprimiendo la tradicional opción de 15 días para la salida voluntaria.
Además, se legaliza la posibilidad de internar a solicitantes de protección en circunstancias específicas y justificadas. También, se autorizará a la Policía Nacional a imponer restricciones de libre circulación o asignar una zona geográfica obligatoria de residencia a los solicitantes de asilo.
Por otra parte, Interior dejará de otorgar y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias ligadas a la protección internacional. Y, además, los solicitantes de asilo tendrán la obligación de recibir las comunicaciones y resoluciones del Estado de forma telemática a través de plataformas unificadas.
El Gobierno actualizará la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y la de Asistencia Jurídica Gratuita, recortando los plazos de recurso judicial y agilizando la reorganización de los tribunales para evitar que los procesos judiciales eternicen expulsiones y acogidas.
Cuotas estatales de migrantes
El Pacto Europeo introduce por primera vez un mecanismo permanente de solidaridad para aliviar a los países de primera entrada, como es el caso de España. De esta forma, el resto de socios europeos deberán colaborar enla reubicación de migrantes, en el apoyo operativo o contribuciones financieras (fijadas inicialmente en un objetivo europeo global de 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros anuales).
No obstante, el ministro Grande-Marlaska ha reafirmado la tajante oposición del Gobierno español a la creación de centros de retorno en terceros países, lo que supone externalizar la detención de migrantes en suelo extracomunitario.
