El Pleno del Congreso votará este martes la convalidación del Real Decreto-Ley 8/2026 por el que se prorrogan, de forma extraordinaria, hasta dos años los contratos de alquiler de vivienda habitual y se limita la actualización anual de la renta al 2% hasta el 31 de diciembre de 2027. Todo apunta a que este RDL será derogado por los votos en contra de PP, Vox y Junts.
Al tratarse de un real decreto entró en vigor el mismo día de su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el BOE, el pasado 20 de marzo. La norma lleva en vigor casi un mes -se votará en el Congreso casi al límite del plazo legal para su convalidación- y su más que probable derogación abre todo un panorama de incertidumbre y confusión.
Está claro que, al decaer el RDL, se acabará su vigencia y no habrá posibilidad alguna de pedir la prórroga de los contratos. Pero, ¿qué ocurrirá con las ya solicitadas?.
El debate es total y lleno de contradicciones. Los especialistas jurídicos consultados por elEconomista.es creen que las prórrogas pedidas saldrán adelante. Carlos Sánchez, responsable jurídico de Alquiler Seguro, considera que algunos de los arrendatarios que han solicitado la prórroga en el mes de vigencia sí que podrían llegar a beneficiarse de la misma.
Otras fuentes jurídicas apuntan en la misma dirección y señalan que los contratos que hayan sido renegociados durante la vigencia del real decreto se considerarán «válidos con carácter general», salvo que una disposición parlamentaria o legal diga lo contrario.
En línea similar se pronuncia el abogado Carlos Muñoz, de CIM Tax & Legal, al considerar que la no convalidación del real decreto en el Congreso «tendría efectos derogativos, pero no anulativos». «El decreto recoge que el propietario tiene que aceptar la prórroga, pero no existe un plazo concreto para hacerlo», asegura.
La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) recomendó a los inquilinos que solicitaran la prórroga durante la vigencia del actual decreto. Y el Sindicato de Inquilinas de Madrid facilitó un modelo para solicitar la extensión a los caseros y asegura que «todas las prórrogas que se pidan mientras el decreto esté en vigor serán válidas».
Sin embargo, otros expertos opinan que la prórroga solamente es válida para contratos firmados desde la entrada en vigor el pasado 20 de marzo. Hay quien dice que la prórroga solo será legal para el mes en el que el RDL ha estado vigente. Y un tercer grupo asegura que la validez está determinada si la fecha de la solicitud de prórroga está próxima al vencimiento del contrato de alquiler.
Así las cosas, casi tres millones de personas viven ahora mismo en la incertidumbre. El cálculo de ciudadanos afectados lo hizo público el ministro de Consumo Pablo Bustinduy. Este pertenece a Sumar, formación que es la promotora del real decreto y cuyos ministros se negaron a entrar en el Consejo que iba a aprobar las medidas anticrisis por la guerra de Irán si no se incluía esta prórroga.
Finalmente, se decidió presentarla por separado del resto de medidas. Mañana es el día, aunque todo indica que no habrá suerte para este RDL. La pregunta es: ¿si los dos socios de Gobierno sabían ya que Junts estaba en contra por qué se aprobó en Consejo de Ministros?.
