Hace tiempo que en Francia se están viviendo, día tras día, acontecimientos políticos insólitos que hacen difícil analizar la dirección que está tomando la política del país vecino. Lo que se puede observar es que vuelve a haber un atasco en el debate presupuestario en la parte del recorte del gasto.
El pasado lunes, 3 de noviembre, la Comisión de Presupuestos decidió aplazar los debates sobre enmiendas hasta el próximo día 12 de noviembre, porque no consiguieron finalizar el análisis de la primera sección, relativa a los ingresos.
Los debates concluyeron poco antes de la medianoche del lunes, con algo más de 2.300 enmiendas aún pendientes de consideración. Así, la presidencia de la Comisión de la Asamblea Nacional dejó a un lado el debate del Presupuesto y lo sustituyó por el examen del presupuesto de la Seguridad Social.
El propio primer ministro, Sébastien Lecornu, intentó desatascar fuera de la Asamblea Nacional (Cámara Baja) los debates de la comisión, manteniendo reuniones con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, pero el boicot de la izquierda a estos encuentros de desbloqueo, generaron esta parálisis parlamentaria nunca vista en el país vecino.
Los socialistas, hasta ahora los más inclinados a la negociación, esgrimieron que no quieren participar en ningún encuentro en el que esté la ultraderecha. Tampoco fueron ecologistas, comunistas e izquierdistas de La Francia Insumisa (LFI), por lo que el Gobierno tuvo que conformarse con contar con la extrema derecha, conservadores y macronistas.
En Francia, el calendario para aprobar unos presupuestos está muy bien marcado, con unas fechas muy concretas. La Constitución estipula un plazo de 70 días para examinar el presupuesto del Estado y de 50 días para el de la Seguridad Social. De tal manera, ambas cuentas deben estar aprobadas antes del 31 de diciembre para arrancar en enero el año fiscal.
Hasta el momento, los miembros de la Asamblea consiguieron levantar la congelación de los tramos del IRPF, restablecer las bonificaciones fiscales para las cuotas escolares y rechazaron la tributación de las prestaciones diarias por enfermedad prolongada.
Asimismo, la comisión de finanzas aprobó duplicar (del 3% al 6%) la conocida como tasa Google -tasa GAFAM en Francia-, que grava a las grandes empresas digitales por los ingresos obtenidos en territorio francés, así como aprobar un impuestazo del 25% para los beneficios empresariales que las multinacionales obtienen en territorio fiscal galo.
Y, como la política francesa está viviendo una serie de acontecimientos insólitos, en la Asamblea hubo prácticamente quorum para aprobar estas dos medidas relativas a impuestos corporativos.
La propuesta de la extrema izquierda La France Insoumise (LFI), de gravar los beneficios a las multinacionales en proporción a su actividad en Francia, obtuvo el apoyo hasta de Agrupación Nacional (ultraderecha), liderados por Marine Le Pen y Jordan Bardella. Pero el quorum duró muy poco.
Tasa ‘Zucman’
La propuesta del Partido Socialista, que planteaba establecer un impuesto mínimo para las personas con un patrimonio neto muy alto –conocida como la versión moderada del «impuesto Zucman«– fue finalmente rechazada.
No obstante, los diputados modificaron el actual impuesto sobre el patrimonio inmobiliario (IFI), transformándolo en un nuevo tributo sobre la riqueza improductiva. Este nuevo gravamen ampliaría su base imponible más allá de los bienes inmuebles, abarcando también elementos como yates, obras de arte y determinados contratos de seguros de vida. Cabe recordar que el IFI fue instaurado en 2018 para reemplazar al antiguo impuesto sobre la fortuna (ISF).
Según la Ministra de Cuentas Públicas, Amélie Monchalin, tal como está redactado el texto a día de hoy, las medidas fiscales que afectan a las personas más ricas representan entre 5.000 y 6.000 millones de euros en 2026.
¿Presupuestos por decreto?
Dadas las fechas en que se presentaron los documentos presupuestarios en la Asamblea y el Senado, el plazo para los Presupuestos vence el 23 de diciembre a medianoche, y para el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS) vence el 12 de diciembre a la misma hora, por lo que es muy probable que los plazos no se cumplan.
En el caso de que eso suceda, Sébastien Lecornu, deberá evitar la parálisis del Estado mediante un decreto votado en la Asamblea que permita recaudar impuestos y continuar con sus gastos básicos, lo que en España se conoce como una prórroga de los Presupuestos.
En la Constitución de Francia hay un artículo (49.3), que se menciona constantemente, que permite al primer ministro sacar adelante el proyecto de ley de Presupuestos sin pasar por la Asamblea Nacional pero, a cambio, deberá enfrentarse a una moción de censura. De hecho, el último primer ministro de Francia que logró sacar adelante un presupuesto fue François Bayrou, a través de este método.
Pero Lecornu se comprometió a no utilizarlo y debatir cada una de las enmiendas con los grupos parlamentarios, pero el tiempo está jugando en su contra. Aunque todavía podría jugar una última carta que nunca se ha usado en toda la historia de la democracia: el Artículo 47.3 que permite al primer ministro sacar adelante unos Presupuestos por decreto «si el Parlamento (Congreso y Senado) no ha votado» en los 70 días de plazo.
