En los últimos meses varios informes han llamado la atención sobre los fallos del Ingreso Mínimo Vital (IMV): la baja tasa de cobertura, la prolongada permanencia en la prestación y el hecho de que el diseño de el incentivo al empleo de la ayuda no tiene ningún impacto. El último en publicar un análisis al respecto ha sido el think-tank Freemarket, que apunta que el 60% de las personas que recibe el ingreso mínimo lo hacen durante más de tres años. Una circunstancia sobre la que también llamaba la atención la Cuarta Opinión del IMV de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en julio. Además, según detalla el centro de estudios, un 90% de los perceptores cobran el IMV más de un año y un 75% más de dos.
«Los beneficiarios pierden el vínculo con el mercado laboral y reducen su capacidad de incorporarse a él», asegura el informe del think-tank, que también agrega que «la probabilidad de dejar de percibir el IMV es menor cuanto más tiempo se lleve cobrando».
La principal conclusión del documento publicado en julio por la Airef era, precisamente, que el hecho de recibir esta prestación disminuye la probabilidad de trabajar en un 12%. Un porcentaje que crece hasta un 29% para los mayores de 30 años, un 23% para aquellos con mayor renta y un 19% para los hogares monoparentales.
En este sentido, el centro de estudios cuenta que el mecanismo de retirada del IMV en el caso de que sus beneficiarios se incorporen a la actividad laboral es «demasiado rápido».
«Si trabajar en la economía formal no se traduce en un aumento significativo de la renta neta, los incentivos de los perceptores del IMV para hacerlo son escasos», explican. Es decir, surge una «barrera económica» que «hace que la transición del desempleo a un empleo formal de baja cualificación sea económicamente irracional». Ante esta situación, el centro de estudios advierte que muchos perceptores se ven incentivados a recurrir a la economía sumergida para complementar la prestación que recibe. Y según sus cálculos, se estima que entre el 15% y el 20% de los perceptores «podrían tener ingresos no declarados».
En el mes de septiembre, Seguridad Social contabilizó un total de 776.924 prestaciones activas, 115.284 más que el año pasado (un 17% más). La cuantía media de la prestación fue de 514,7 euros al mes por hogar y de 168,74 por beneficiario. Un importe que depende de la composición de la familia y de si esta recibe o no el complemento a la infancia. En este sentido, la ayuda máxima es de 1.594,33 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y cuatro o más menores.
La sesión titulada El Ingreso Mínimo Vital, a examen, celebrada por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) el miércoles pasado también trataba este tema. En conjunto, según señalaron, la ayuda ha permitido reducir en torno a un 6% la tasa de pobreza severa. Sin embargo, recordaban que la prestación llega a menos de la mitad de los posibles beneficiarios -deja fuera al 55% según la Airef y al 72% en el caso del complemento a la infancia- «debido a barreras de acceso y a una gestión compleja». El CGE y Fedea también hacían referencia al desincentivo que supone el IMV al empleo debido a la retirada completa de la ayuda cuando aumentan los ingresos del perceptor. «Puede desincentivar la aceptación de mejores empleos o más horas de trabajo», aseguraban.
La principal recomendación que trasladaba la Airef es similar a la que han destacado tanto Freemarket en su informe como el CGE y Fedea en su observatorio, rediseñar el incentivo al empleo. En concreto, este último documento vuelve a apuntar a la necesidad «realizar una reformulación completa del IMV y especialmente del diseño del incentivo al empleo para hacerlo más eficaz y mitigar el efecto desincentivador».
Las rentas mínimas
Por otro lado, el documento publicado por Freemarket también llama la atención sobre el efecto que tienen las rentas mínimas sobre el empleo. «La existencia de una segunda capa de ayudas (las rentas mínimas autonómicas) contribuye a perpetuar la trampa de la pobreza. Si una persona deja de cumplir los requisitos del IMV, puede acceder a la RMI, lo que reduce aún más la urgencia por encontrar un empleo formal», asegura el documento.
En este sentido, las últimas cifras referidas a estas ayudas las trasladaba el informe de este miércoles de Cáritas, que recordaba que en Navarra y País Vasco estas prestaciones «absorben» al IMV y en otras como Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana la ayuda todavía juega un papel «relevante».
A este documento, el Ministerio de Seguridad Social ayer respondía que con la aprobación del IMV, las rentas mínimas asumieron el objetivo de asegurar una protección más extensa, llegando a colectivos no incluidos en el IMV o mejorando su cobertura. «Cinco años después aún hay siete Comunidades Autónomas que no han modificado su normativa para complementar el IMV», apuntaba.
En este sentido, el Departamento de Elma Saiz agregaba que, según los datos de la Airef, desde la entrada en vigor del IMV hasta 2023, las comunidades autónomas han ahorrado 510 millones de euros, el 11 % del desembolso en sus rentas mínimas. La estimación para este ejercicio, según Inclusión, es que se superen los 600 millones de euros.
