Aragón calcula más de 700 millones de euros en ingresos por tasas e impuestos para el presupuesto de 2026

Aragón calcula más de 700 millones de euros en ingresos por tasas e impuestos para el presupuesto de 2026

A pocos días de que finalice el mes de septiembre y que la cifra de techo de gasto no haya llegado a las Cortes de Aragón, tal y como inicialmente, estaba previsto, el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, ha comparecido en las Cortes de Aragón, a petición del grupo parlamentario del PSOE, con el fin de explicar el escenario tributario previsto para la configuración de ese techo de gasto para el Presupuesto de Aragón de 2026.

Con datos todavía parciales hasta que el techo de gasto llegue al Consejo de Gobierno, de momento, se baraja que los ingresos por entregas a cuenta ascenderán a 5.267 millones de euros. Una cifra sobre la que el director general de Tributos ha incidido en que es «provisional», según se indicaba en la comunicación que se recibió por parte del Estado el pasado mes de junio y que refleja un aumento del 6,5%, de acuerdo con los datos ministeriales. Junto a este importe, Aragón cobrará 214 millones de euros en concepto de la liquidación de financiación de 2024. También se estiman entre 715 y 740 millones de euros netos por el impacto recaudatorio, que contempla, por ejemplo, tasas e impuestos cedidos.

Además de estos márgenes, el director de Tributos también ha explicado las previsiones más precisas sobre impuestos y tasas concretas sobre las que han preguntado los diferentes grupos parlamentarios de PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida.

Pozuelo ha indicado que, en general, los impuestos han tenido en Aragón una evolución positiva. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre el margen y comisiones de entidades financieras -en el que se incluye el punto de conexión cedido a las autonomías en relación con el PIB-, se estiman unos 60 millones de euros.

En relación al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), se ha producido un aumento del 7% en el número de operaciones y del 15% en la recaudación por las operaciones de vivienda usada, mientras que, en Actos Jurídicos Documentados (AJD), la evolución positiva se debe sobre todo a la mayor constitución de hipotecas, de manera que se ha experimentado por este concepto un incremento del 24,5%, porcentaje que se eleva al 28% en la recaudación.

En el Impuesto Especial de Medios de Transporte, sin embargo, se ha producido un descenso de la recaudación del 20% a pesar de que aumenta el número de vehículos. Una situación que el director general ha explicado por la irrupción del coche eléctrico y de los coches híbridos en 2025 al tenerse en cuenta el medioambiente en este tributo y establecerse exenciones para estos vehículos.

Sobre la evolución del Impuesto de Patrimonio, en 2025 -ejercicio en el que se declara el año 2024-, se ha producido una pérdida recaudatoria del 8% y han dejado de tributar un tercio de los contribuyentes, pasando de 15.000 a 10.000. Y, en el Impuesto de Sucesiones -se plantean bonificaciones para el II Grupo en 2026-, se calcula un impacto de unos 30 millones de euros en recaudación.

Durante su intervención, también ha abordado el impuesto de daños medioambientales en eólica y fotovoltaica sobre el que ha apuntado unas estimaciones de unos 15 o 16 millones de euros en la eólica y de unos seis millones en fotovoltaica. No obstante, ha indicado que este impuesto tiene dos condicionantes, dado que se puede retocar la tarifa y se abona mediante pagos a cuenta y no mes a mes, lo que permite un cierto «juego».

Pozuelo ha aludido finalmente a las distintas líneas de acción en materia tributaria dentro de las que se contemplan mayores beneficios fiscales a través de medidas que mejoran o ensanchan lo establecido en materia, por ejemplo, de reducciones en renta por los gastos de guardería, libros de texto, material escolar o clases de refuerzo; protección a la familia general, especial y monoparental; protección de colectivos desfavorecidos y especialmente dependientes en el IRPF y patrimonio y a los tutores o cuidadores con cargo de dependientes con más beneficios en sucesiones y donaciones o las medidas en materia de vivienda habitual con reducciones por compra en poblaciones de menos de 3.000 habitantes.

Esta medida de vivienda está ligada a su vez a la lucha diferenciada contra la despoblación, el aumento de la deducción de Actos Jurídicos Documentados por compra de vivienda por parte de familias numerosas, ya sea obra nueva o segunda mano, y las rebajas en ITP y AJD por la compra de pisos por jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad, estimándose que tendrán el mayor impacto en la recaudación junto con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Sin embargo, no se espera traspasar el umbral de los 50 millones de euros.

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