La disolución de las Cortes deja un regusto amargo en la sanidad española, tras tres años de impulso de una agenda legislativa ambiciosa y, en muchos casos, de espaldas a los profesionales, las comunidades autónomas y el propio sector.
En el balance de la ministra de Sanidad, Mónica García, hay que apuntar la ley que crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un mandato heredado de la Ley General de Salud Pública de 2011, y varios reales decretos relevantes. Pero su batería de grandes reformas termina la legislatura en papel mojado, después de acelerar su tramitación en los últimos meses pese a no contar con mayoría parlamentaria para su aprobación.
Entre estas iniciativas figuran el Estatuto Marco, la ley de medicamentos y productos sanitarios, la ley de gestión pública del Sistema Nacional de Salud o la ley de pacientes. Las cuatro estaban ya en tramitación parlamentaria y volverán a la casilla de salida con la convocatoria electoral del 29 de noviembre.
El caso más conflictivo es el Estatuto Marco. Sanidad remitió al Congreso en septiembre la reforma de las condiciones laborales del personal estatutario, pero sin incorporar a los médicos convocantes al acuerdo que necesitaba para desactivar la protesta iniciada en 2025. Los principales sindicatos médicos habían llamado a una huelga indefinida desde el 28 de octubre después de protagonizar durante más de un año un calendario de movilizaciones en la sanidad pública que no se conocía desde 1995.
Tras el adelanto electoral, los convocantes han aplazado los paros, pero sin retirar sus reivindicaciones. El próximo Gobierno heredará el conflicto abierto por Mónica García junto con la necesidad de volver a presentar una reforma si quiere sustituir la ley vigente desde 2003.
Para las empresas, el revés más importante es la ley de medicamentos y productos sanitarios. El proyecto pretende actualizar las reglas de financiación, precios y acceso a la innovación, además de aspectos que afectan a la distribución y a la tecnología sanitaria. Farmaindustria situaba entre sus prioridades garantizar decisiones de financiación y precio en 180 días —90 para tratamientos sin alternativa—, dar mayor previsibilidad a las compañías y revisar los incentivos a la investigación. Los fabricantes de genéricos reclamaban actualizar el umbral mínimo de precios, mientras la distribución pedía reconocer su papel en la seguridad del suministro. Parte de esas demandas dependía de una ley que debe ofrecer certidumbre regulatoria al sector en España y que ahora deberá volver a iniciar su recorrido parlamentario.
También queda sin aprobar la ley de gestión pública e integridad del SNS, una polémica norma que rompe el consenso sobre la colaboración de la sanidad privada en el Sistema Nacional de Salud. García la impulsó para dar prioridad a la gestión directa y endurecer las condiciones de participación de operadores privados en la prestación sanitaria. Su efecto potencial alcanzaba a los futuros contratos y conciertos de hospitales y otros servicios. Era, además, una de las normas más expuestas al desacuerdo político. Junts ya había anunciado su total oposición a esta iniciativa, así como a las leyes de universalidad y cohesión. El adelanto electoral ha cerrado la tramitación antes de que esas discrepancias se resolvieran en una votación definitiva.
La ley de organizaciones de pacientes muestra otra cara del mismo problema. El Ministerio incorporó aportaciones de asociaciones y consiguió llevar al Congreso una propuesta para reconocer su participación estable en órganos sanitarios. El Foro Español de Pacientes destaca el consenso alcanzado y pide que sirva de base para retomarla en la próxima legislatura. También han decaído las reformas sobre tabaco y prevención del consumo de alcohol en menores, con consecuencias previstas para fabricantes, distribución, publicidad y hostelería.
Además de la AESAP, el Gobierno sacó adelante, entre otras disposiciones, los reales decretos de evaluación de tecnologías sanitarias y de financiación de determinados productos sanitarios. Ambos siguen vigentes pese a las elecciones.
«Estabilidad» para atraer inversión
La industria farmacéutica quiere que el Gobierno que salga de las urnas en noviembre sitúe al sector entre sus prioridades estratégicas para «convertir a España en un hub biofarmacéutico de innovación y producción de medicamentos«. El sector, que ha conseguido sumar a cinco ministerios a la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, mantiene sus grandes reclamaciones vivas como acelerar el acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos, disponer de un marco regulatorio estable, mantener los incentivos a la innovación y reforzar la capacidad de España para atraer inversiones en investigación y producción.
El proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobado por el Gobierno en julio y que ahora se ha visto truncado por la convocatoria de elecciones, era el instrumento previsto para avanzar en estos objetivos y recabar además ahorros en el gasto farmacéutico de 2.100 millones de euros al año. El Ministerio se ha reservado, en cualquier caso, un plan B en forma de Real Decreto de Financiación y Precios de los Medicamentos que ya ha superado la audiencia pública y que Sanidad espera aprobar antes de las elecciones, según ha avanzado esta semana César Hernández, director general de la Cartera Común de Servicios del SNS y de Farmacia del Ministerio de Sanidad.
Plazo legal de 6 meses
Entre otras medidas, recoge algunos de los puntos desarrollados en el proyecto de ley del medicamento. Fija, por ejemplo, un plazo máximo de 6 meses para el procedimiento ordinario de resolución de expedientes, y un procedimiento simplificado de 30 días específico para medicamentos genéricos y biosimilares que responde a las reclamaciones del sector. Incluye, además, mecanismos de precios dinámicos, techos de gasto y acuerdos de riesgo compartido entre la Administración y los laboratorios para ganar en flexibilidad en materia de financiación de la innovación, así como para introducir una mayor competencia en el caso de los medicamentos genéricos que reduzca los precios en determinadas agrupaciones de fármacos.
