Apenas tres Consejos de Ministros separan al Gobierno de Pedro Sánchez del inicio oficial de las vacaciones del Ejecutivo. Un tiempo de asueto, de aproximadamente un mes de duración, que pondrá el cierre a un curso político en que no ha habido avance alguno en las dos grandes cuestiones que marcan el final de la legislatura. En primer lugar se sitúa la crisis en el acceso a la vivienda; en segundo puesto, se encuentran los problemas asociados a la inmigración, con una regularización masiva cuya tramitación está aún lejos de haber concluido y con efectos aún por determinar en áreas como el futuro gasto en prestaciones y otras coberturas del Estado del Bienestar.
En lo que respecta a la vivienda, el verano de 2026 marca el punto álgido del desequilibrio en este mercado, y de sus efectos en la sociedad. Hasta el extremo de que el Banco de España calificó de «emergencia nacional» el desequilibrio existente entre oferta y demanda en el mercado inmobiliario español.
Fuentes parlamentarias comentan a elEconomista.es que esta apreciación del regulador, hecha por partida doble (primero en el informe anual de la institución y luego por boca del propio gobernador, José Luis Escrivá), «ha dolido en el Gobierno, porque ha puesto aún más de manifiesto el total fracaso, en materia de legislación sobre vivienda, que supuso el pasado semestre.
Entre enero y junio de 2026, el Gobierno solo impulsó en esta materia el decreto-ley que pretendía prorrogar la actualización de los alquileres, tomando como amparo la crisis creada por la guerra en Irán. Estuvo en vigor unas pocas semanas, hasta que su convalidación en el Parlamento fracasó por completo.
Con el recuerdo aún candente de ese fiasco en el Congreso de los Diputados, Moncloa intenta recuperar la iniciativa mediante un segundo decreto, que presentará a lo largo de este mes, pero que tiene muy pocos visos de dar una alegría al presidente Sánchez antes de que comience sus vacaciones estivales.
El rechazo de los partidos nacionalistas fue clave para que el primer decreto naufragara, y ahora Sánchez busca seducir a PNV y Junts con concesiones, como la inclusión de deducciones fiscales para los propietarios de vivienda, y la recuperación de deducciones en el IRPF.
Pero ahora el problema se planteará por la izquierda del Ejecutivo. Podemos ya dejó claro esta semana que, aun cuando la prórroga de los alquileres esté incluida en el nuevo texto, no están dispuestos a aceptar «ningún tipo de regalo tributario» para los caseros. Y dentro de esa categoría entrarían las desgravaciones de IRPF, en principio diseñadas con un tope de 1.800 euros anuales, con las que ya está trabajando el Gobierno.
«Si el Gobierno se empecina en hacer este guiño a los especuladores, no les quedará más remedio que trocear el decreto, de modo que los incentivos fiscales vayan por un lado, y por otro la prórroga de los alquileres, señalan desde el partido morado.
Con todo el mayor fracaso en materia de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez estriba en la intención de centrar las actuaciones en proteger en mayor medida «el carácter de la vivienda como derecho constitucional, frente a su consideración como un activo que se negocia en el mercado». Así lo explicaban, a finales de 2025, fuentes conocedoras de conversaciones mantenidas por representantes de Moncloa en Bruselas.
La presunta especulación
Se pretendía así abrir la posibilidad de actuar, presumiblemente por la vía fiscal, sobre la adquisición de inmuebles no destinados a vivienda habitual, unas operaciones que el Gobierno ha identificado, a menudo sin matices, con la franca especulación inmobiliaria. Penalizaciones de este tipo se limitarían, en el estado muy embrionario en el que ahora se encontraban las conversaciones, a zonas «de máximo tensionamiento de precios».
Con las limitaciones que finalmente se decidieran, lo cierto es que actuaciones de este tipo habrían distado mucho de ser por completo novedosas en el historial del actual Gobierno. Al contrario, el llamado freno contra la especulación es lo que subyace a iniciativas como el recargo equivalente al 100% de la casa comprada que Moncloa quiere aplicar a las operaciones de extranjeros no comunitarios sin residencia en España, aún no aprobado.
Pero, además, el momento político actual se muestra más propicio a abordar restricciones de esta índole a la inversión inmobiliaria. A escala autonómica, la izquierda catalana es proclive a prohibir las «compras especulativas», hasta el punto de que el Parlamento de Cataluña aprobó, esta misma semana, la tramitación por la vía rápida de la iniciativa de los Comuns para proscribir la supuesta compra de inmuebles para la especulación. Pero más importante es el hecho de que la crisis de vivienda, en particular la que sufre España, se ha convertido en preocupación europea.
Pero no basta con esa toma de conciencia, puesto que la legislación comunitaria no permite ese tipo de vetos, al menos a escala de los Estados miembro. Solo se contemplan excepciones como la vigente en Países Bajos, determinada por el pequeño tamaño de ese país y la reconversión masiva de inmuebles para uso residencial que tuvo que llevar a cabo en el pasado siglo.
Dentro del ámbito de la política europea, también despertó recelos la regularización masiva de inmigrantes, a efectos laborales, que el Gobierno anunció a principios de este año Así ocurrió pese a que era imposible entonces prever cuáles serían las dimensiones que alcanzaría el procedimiento.
Con más de un millón de solicitudes, como confirmó Seguridad Social a finales del mes pasado, la recepción de expedientes ha superado todas las previsiones, lo que impide que las aprobaciones estén concedidas en los plazos que barajaba el Gobierno.
Cuando el último Consejo de Ministros de julio –y del curso político haya terminado–, el proceso seguirá abierto, de acuerdo con las fuentes policiales y jurídicas consultadas, hasta el punto de que su resolución definitiva se demorará a finales del presente año o incluso principios del que viene.
En paralelo, el Gobierno no ha logrado cerrar el debate sobre si iniciativas como éstas generarán un efecto llamada. Esa posibilidad resulta especialmente delicada ante la importancia que ya ha acaparado España como destino de los principales flujos migratorios.
Liderazgo europeo
Nuestro país ya es el que recibe los mayores flujos netos de personas, de acuerdo con los datos homologados de Eurostat, referentes a inicios del año pasado. De acuerdo con dicha estadística, nuestro país es el integrante de la Unión que ha incrementado en mayor cuantía su población, con una variación de casi 460.000 personas.
Ese volumen se debe prácticamente en exclusiva a la llegada de inmigrantes ya que, de acuerdo con la Oficina Estadística comunitaria, la evolución puramente vegetativa de nuestro país puntúa por debajo de cero, es decir, se mantiene la tendencia que sitúa el número de muertes por encima del propio de los fallecimientos.
España ha estado desde finales de la pasada década en el Top 3 de principales receptores europeos de población proveniente de otros países; sin embargo, es ahora cuando todas las estadísticas la sitúan como el primero, superando con creces a potencias tradicionales en este ámbito como Francia.
En una escala mayor, la propia de la OCDE, la economía española se sitúa en el cuarto puesto, a la espera de una actualización de los datos que, actualmente, se refieren al periodo 2023-2024. Pero la tendencia viene de lejos. Desde 2015, nuestro país se transformó en el cuarto destino global más deseado, según explica el investigador Jesús Fernández-Huertas Moraga en su informe The Second Spanish Immigration Boom, publicado en octubre pasado. Los últimos diez años representan lo que dicho economista denomina la «segunda oleada migratoria española», un fenómeno de magnitud comparable al vivido entre 1995 y 2010, y que se vio truncado por la gran crisis financiera global.
Otra incógnita difícil de resolver, que pesará sobre el próximo otoño y los trimestres posteriores pasa por determinar cuál será el impacto del boom migratorio en el futuro gasto en prestaciones y en el futuro del Estado del Bienestar.
De momento, las estadísticas demuestran que no es en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) donde mejor se refleja el peso que han adquirido las personas foráneas, en relación al reparto de ayudas no contributivas para evitar la exclusión social.
La relevancia de este colectivo es especialmente voluminosa en las llamadas Rentas de Inserción que todas las comunidades autónomas prevén. Hasta el punto de que los beneficiarios extranjeros de estos pagos suponen en promedio el 30% del total (frente al 20% propio del IMV), pero con picos cercanos al 50% en el caso de Navarra y La Rioja. Además, un territorio como Baleares registra una cota superior al 40%.
Igualmente significativo resulta el hecho de que el citado promedio de 30 puntos porcentuales, relativo a la población foránea, ha experimentado un incremento de más de seis puntos con respecto a su nivel preCovid, registrado en 2019. Así ocurre con independencia de la completa desaparición de la emergencia sanitaria, y a los registros históricos de crecimiento del PIB y de creación de empleo que España muestra desde 2022.
¿Y los presupuestos?
Dentro de las asignaturas pendientes del Ejecutivo debe citarse una materia en la que el Gobierno ya es un repetidor recalcitrante: la parálisis de los Presupuestos Generales del Estado, en estado de perpetua prórroga desde el año 2024.
El Gobierno se fijó como objetivo al menos la puesta en marcha de los procedimientos para tramitar las Cuentas de 2027, dado que las relativas a 2026 ya se dan por completo perdidas.
Para ello, el cuadro macroeconómico se encuentra actualizado desde esta semana, al igual que ya es una realidad la aprobación en Consejo de Ministros de los objetivos de deuda y déficit para el conjunto del sector público y del techo de gasto no financiero para la Administración estatal. Ahora bien, está pendiente el visto bueno del Congreso de los Diputados, en donde comparecerá el Gobierno con todos los visos de hallarse abocado al fracaso.
Así ha ocurrido en los últimos años y resulta muy optimista pensar que las negociaciones con los grupos de la oposición serán fructíferas en el poco tiempo que queda hasta que se convoque el Pleno extraordinario para tratar sobre los Presupuestos.
Junts dio por terminada la legislatura mucho antes de que estallaran los últimos escándalos de corrupción en el PSOE y también presenta objeciones netamente económicas.
Es ya bien conocida su exigencia de un límite para el déficit autonómico superior al 0,1% que ahora se le propone, y que solo podría mejorarse con un proyecto de desequilibrios a la carta que tampoco tiene en absoluto segura su aprobación.
