La herida abierta entre Pedro Sánchez y el Gobierno de Castilla-La Mancha de su propio partido sigue creciendo a cuenta de la financiación autonómica y el acuerdo con ERC para la financiación singular de Cataluña. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, rechazó de plano uno de los últimos acuerdos que ha trascendido, el del principio de ordinalidad para aplicar al nuevo modelo, que incluso considera que ataca los propios valores socialistas.
«No entendemos cómo desde una postura socialista se puede defender que aquellas comunidades autónomas que manifiestan una mayor capacidad económica tengan derecho a mayor financiación«, aseguró el miembro del Ejecutivo de García Page esta mañana en unas jornadas sobre las finanzas autonómicas en Valencia, en la que también participaron representantes de Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia.
Según el político manchego, el principio de ordinalidad aplicado al nuevo modelo y que algunos medios dan por pactado entre el Ministerio de Hacienda y la Generalitat catalana «quiere decir que aquellos que tienen mayor capacidad económica tienen derecho a mejor prestación de los servicios públicos«.
Ruiz Molina señaló que su Gobierno ha defendido tanto con el PP como con el Gobierno socialista actual «el principio de igualdad», por e que con independencia de la capacidad económica de la Comunidad Autónoma en la que residan los ciudadanos «tengan derecho en condiciones de igualdad a los servicios públicos fundamentales».
Alineado con CCAA del PP
El representante del Gobierno de García Page no dudó en alinearse con el resto de consejeros presentes de CCAA gobernadas por el PP al reconocer que «hay una negociación bilateral, en algo que debería ser multilateral», en referencia a la reforma del sistema de financiación autonómico a partir de los acuerdos con los partidos catalanes.
Los otros tres consejeros autonómicos de Hacienda de Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia coincidieron en reclamar al Gobierno y al Ministerio de Hacienda que adapte la normativa española a la regla de gasto en las condiciones que establece Europa. Los responsables autonómicos participaron esta mañana en las XIII Jornadas sobre Finanzas Autonómicas, organizadas por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica (RIFDE) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), bajo el título ¿Son sostenibles las trayectorias de gasto?.
El consejero gallego Miguel Gorgos aseguró que «necesitamos que se trasponga para poder encajar nuestras políticas de gastos a las reglas fiscales porque nos va en ello la calidad de los servicios públicos» como Sanidad y Educación. «El déficit ya no es la regla fiscal, la regla objetiva que ha diseñado la Unión Europea es el nivel de gasto, el porcentaje de gasto sobre el el grado de gastos del año anterior», aseguró.
Escepticismo con Montero
Por su parte, la responsable de Hacienda valenciana, Ruth Merino, y el de Murcia, Luis Alberto Marín, se mostraron escépticos ante la propuesta de reforma del sistema de financiación anunciada por María Jesús Montero, que atribuyen más a intereses en función de la ruptura con los socios de Gobierno y las próximas elecciones andaluzas.
«No podemos fiarnos de la ministra Montero porque nos ha mentido directamente en numerosas ocasiones; la última, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando volvió a dar una tercera excusa diferente y falsa cuando le pregunté por el FLA extraordinario», señaló Merino, que explicó que el Consejo de Ministros ya ha aprobado la autorización para que la Generalitat amplíe su deuda en 440 millones de euros más por la falta del extra FLA.
Según la consellera valenciana, la falta de ingresos por la infrafinanciación hará imposible acabar el ejercicio con un déficit del 0,1%, tal y como propone el Gobierno para las comunidades autónomas. «Exigimos un mayor margen y que tenga en cuenta las circunstancias particulares de las comunidades», ha insistido Merino.
