El Gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aceptó este lunes, durante el debate de presupuestos, ir más lejos de lo que pretendía en la imposición excepcional a las grandes empresas bajo la presión de los socialistas, que siguen amenazando con la censura.
Los diputados adoptaron, con 196 votos a favor y 149 en contra, una enmienda de última hora del Ejecutivo que aumenta el gravamen en el impuesto de sociedades a las grandes empresas con una facturación superior a los 3.000 millones de euros. La contribución excepcional de las empresas de tamaño mediano (ETI, en sus siglas en inglés) será inferior a la que estaba programada en un principio.
Por su parte, el ministro de Economía, Roland Lescure, calcula que, con esa nueva configuración, el impuesto permitirá recaudar unos 6.000 millones de euros, frente a los 4.000 que esperaba con su proyecto de presupuestos. En 2025, esa contribución excepcional de los grandes grupos debería suponer unos 8.000 millones de euros.
Presión socialista
El Partido Socialista (PS) lleva días subrayando que, si no consigue concesiones en los próximos días en sus exigencias de aumentar la fiscalidad de los multimillonarios y de las grandes empresas, provocará la caída del Ejecutivo de Lecornu, cuya supervivencia depende de él.
Estas advertencias fueron repetidas este lunes por su diputado Philippe Brun, quien hizo hincapié en que no votarán los presupuestos «si no hay ciertos elementos de justicia social».
«Nunca votaremos algo que exija más esfuerzo de las clases populares y de las clases medias», señaló Brun, quien se refirió en concreto a su reivindicación principal, el llamado ‘impuesto Zucman’ que gravaría con un 2 % los patrimonios superiores a los 100 millones de euros.
En este sentido, el diputado socialista precisó que han hecho una propuesta que ajusta ese ‘impuesto Zucman’ a las críticas que ha recibido en las últimas semanas para que pueda salir adelante. Esa propuesta, que algunos a la izquierda del PS han desautorizado como un ‘Zucman light’, consistiría en que quedarían exentos de ese impuesto tanto las empresas familiares que no son muy rentables, para evitar que sean vendidas a grupos extranjeros, como las empresas innovadoras que todavía no tienen beneficios, para no impedir su crecimiento.
