Cuando Javier Milei llegó al poder, su principal objetivo era reducir la enorme inflación, que superaba el 280% en el momento de su victoria electoral. Una ‘maldición’ que Argentina lleva soportando desde hace casi un siglo y que iba camino de marcar una nueva etapa de hiperinflación. Y el economista se lanzó a usar todas las medidas ortodoxas: recortes masivos de gasto público, cortar por lo sano la emisión de moneda, disparar los tipos de interés y, en la práctica, sumir al país en una recesión de dos años. El objetivo era salir de ahí con unos precios más estables y el combustible para crecer de forma más sostenible. Pero el último kilómetro se le resiste: a la inflación le cuesta bajar del 30%, y los datos dejan claro que este reto será mucho mayor que lo avanzado hasta ahora.
En los últimos 75 años, las cifras de inflación de Argentina han sido escalofriantes. El país ha sufrido 19 años con una inflación superior al 100% anual, y en este siglo han sido raros los años en los que los precios han crecido menos del 20% anual. La explicación es muy simple: los argentinos están tan acostumbrados a las subidas de precios que, a la mínima señal de inflación, los sindicatos exigen subidas de salarios proporcionales para no perder poder de compra. Eso sube los costes de las empresas aún más, obligando a más subidas de precios y perpetuando la crisis. Es lo que se llama «inflación de segunda ronda», que en Argentina ya va por la vigésima ronda, por lo menos.
Y esa batalla entre empleados que quieren mantener su poder adquisitivo, o recuperar el que habían perdido en los meses anteriores, y las medidas del Gobierno para frenar la inflación hacen que recortar ese ‘último tramo’ del 30% al 2% con el que sueñan los gobernantes argentinos sea especialmente complicado.
Una mirada a los datos de inflación actuales del Instituto de Estadística y Censos (INDEC) revela el problema. Las medidas más drásticas de Milei han conseguido que la subida de precios se frene de un escalofriante 281% nada más llegar al poder a un 31% en el último mes. Una cifra que daría pesadillas permanentes a cualquier gobernante europeo pero que resulta más que aceptable en comparación con lo que había hace apenas dos años.
Sin embargo, el aterrizaje se ha frenado notablemente: si entre noviembre y diciembre de 2024, la inflación se derrumbó en 50 puntos, de junio a septiembre de 2025 apenas ha caído 8. La barrera del 30% es muy difícil de romper, y llevarla por debajo del 20% es casi un milagro.
¿Por qué esa resistencia? La clave está en la inflación de servicios, que sigue rondando el 50%, y explica el mayor problema al que se enfrenta el país. Los bienes, en la práctica, dependen de la demanda internacional, los precios mundiales, la energía, etc. La desinflación mundial de estos años, tras la crisis post-covid, ha ayudado a que esta partida sea la que menos sufre. La subyacente, que no incluye los alimentos frescos y la energía, está más arriba. Pero los servicios, que dependen únicamente de las condiciones salariales generales del país, son más difíciles de bajar.
Los salarios, el reto de Milei
Y aquí aparece el mayor problema del presidente: su capacidad de fijar salarios es muy limitada. En un mundo ideal, si todas las empresas decidieran dejar de subir sueldos y salarios de golpe y a la vez, la inflación se frenaría de forma radical. Pero Milei solo controla directamente el salario de los empleados públicos estatales, que es el único que está cayendo de forma significativa.
Desde su llegada al poder, los funcionarios están recibiendo subidas de salarios inferiores al nivel de precios general, y por debajo del resto de funcionarios provinciales. Por supuesto, Milei tampoco puede congelarles el sueldo, porque las huelgas y movilizaciones serían automáticas, pero les está haciendo perder poder adquisitivo para intentar frenar el impacto que tienen los salarios sobre la inflación. Pero su poder llega hasta ahí: las provincias, donde gobiernan otros partidos, están manteniendo subidas de sueldo muy superiores a la inflación.
En cierto modo, eso también tiene sentido: en las zonas más rurales del país, una buena parte de los ciudadanos vive de empleos públicos, ya sea directa o indirectamente. Meter la ‘motosierra’ a esos salarios tendría efectos muy duros sobre la economía general de esas zonas ya de por sí más pobres que Buenos Aires y su área metropolitana.
Pero el mayor problema es el sector privado. Y, especialmente, el sector privado informal, que supone un porcentaje bastante importante de la economía argentina. Allí, el Gobierno no llega de ninguna forma. Y, para los trabajadores en negro, ni siquiera llegan los sindicatos. Ahí hay poco que negociar: cada uno pone los precios que considere necesarios. Y, según un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella, los ciudadanos perciben una inflación del 4% mensual, el doble de la real, así que sus aspiraciones salariales son más altas de lo que justificarían los datos. Una espiral que no hace más que sostener la inflación en niveles altos.
Y la diferencia es notable. Para empezar, por el efecto de las expectativas de los ciudadanos, todos los salarios suben por encima de la inflación, lo que explica por qué la inflación de los servicios también está por encima de la media. Pero la de los empleados informales está completamente desacoplada: subió más lentamente en lo peor de la crisis inflacionaria post-pandémica y ahora también baja a mucha menor velocidad, mientras intentan recuperar el poder adquisitivo perdido. Mientras siga por encima del 100%, es difícil que la inflación general baje mucho más.
El problema en este caso es que muchos de esos empleos son prácticamente de supervivencia: vender mapas o abanicos en el Metro, perritos calientes en las calles, recoger cartones por la ciudad, vender madera en los pueblos… o simplemente gestionar tiendas en las llamadas ‘villas miseria’, donde nadie recuerda la última vez en la que se paseó un inspector de Hacienda a asegurarse de que los locales pagan la Seguridad Social a sus empleados. Controlar los salarios y los precios en esos trabajos es un imposible, y los altos niveles de pobreza empujan a más personas a estos empleos más marginales.
Necesita un giro en su política
Los analistas señalan que las medidas de Milei para rebajar la inflación en un primer momento -congelar la emisión de dinero, llevar los presupuesto a superávit, negociar pérdidas de poder adquisitivo con los trabajadores, disparar los tipos de interés- ya no funcionan, porque están llevando al país a una recesión permanente: la Universidad Di Tella ve un 98% de probabilidades de que el PIB se contraiga también este año, y BBVA Research apunta a que la política monetaria de Milei provocará que la inflación se estanque en el 30% al cierre de este año.
El resumen es que la ‘política de shock’ de Milei en su primera mitad de mandato ha servido para poner fin a la hemorragia hiperinflacionaria que amenazaba con destruir la economía del país. Pero el reto de bajar la inflación del 30% a menos del 10%, algo que se le ha resistido a casi todos los presidentes de los últimos 75 años, requiere de medidas distintas. El grupo de rock de Milei tendrá que buscar una nueva canción para los dos años restantes si no quiere acabar por el mismo camino que su aliado, el expresidente Mauricio Macri, cuyo equipo económico comparte pese a que ya fracasó en ese reto hace 8 años.
