El instrumento legal con el que la Generalitat Valenciana en manos del PP quería proteger viviendas que llevan décadas en primera línea de costa para evitar que fuesen incluidos en los deslindes del dominio público marítimo-terrestre ha sufrido un duro revés legal. El Tribunal Constitucional se ha decantado por la postura del Gobierno central y ha tumbado parte de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana aprobada el año pasado.
Los artículos y disposiciones que el Tribunal considera inconstitucional son precisamente con los que el actual Gobierno de Pérez Llorca quería proteger a núcleos urbanos considerados tradicionales apelando a una nueva figura de protección cultural. Una fórmula que en teoría debería salvar de los deslindes, cuya tramitación ha encendido la polémica en muchas localidades costeras al afectar a viviendas construidas hace décadas.
Pese a que desde el Consell se insistía en que la ordenación de todo el territorio es competencia autonómica, incluido el del litoral, la decisión del máximo tribunal considera que las competencias en esa zona son exclusivamente del Estado.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley de Les Corts Valencianes 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana.
La sentencia se produce después de la alegación de la Abogacía del Estado relativa a las edificaciones de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), cuya demolición había sido ordenada por resoluciones judiciales firmes y estaba pendiente de ejecución, según explica el TC.
La sentencia declara inconstitucionales el artículo 17 y la disposición final primera, exclusivamente en cuanto se apliquen a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre.
Tras reconocer que la Generalitat Valenciana puede proteger los valores culturales, históricos y etnológicos de los núcleos urbanos situados en su litoral, incluso cuando se encuentran en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, advierte de que esa protección no puede limitar las facultades que corresponden al Estado sobre estos terrenos.
El problema se plantea porque la ley autonómica no se limita a reconocer los valores etnológicos de estos núcleos, sino que permite aprobar planes especiales con medidas dirigidas a su conservación. Además, los incorpora al régimen de protección del patrimonio cultural valenciano, del que se derivan obligaciones de conservación y restricciones a la demolición de los inmuebles protegidos.
Cuando estas medidas afectan al dominio público marítimo-terrestre, pueden impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para garantizar su integridad y recuperación, conforme a la legislación de costas.
Por esta razón, el Tribunal los declara inconstitucionales, aunque sin declararlos nulos. Ambos preceptos pueden seguir aplicándose en los demás espacios del litoral, donde la protección de estos núcleos no plantea el conflicto competencial apreciado por la sentencia.
Inventario de terrenos degradados
Por otro lado, también declara inconstitucional y en este caso si que considera nula la disposición adicional cuarta. Esa norma permite a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados, incluidos en el dominio público marítimo-terrestre.
El Tribunal considera que esta previsión va más allá de una simple recopilación de información, pues atribuye a la Administración autonómica la facultad de identificar y calificar terrenos en función de su posible pérdida de las características propias del dominio público marítimo terrestre.
El TC considera que, con ello, invade las competencias del Estado, al que corresponde determinar qué terrenos forman parte de dicho dominio público y decidir sobre su deslinde y eventual desafectación. Los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño han anunciado la formulación de voto particular.
Reacciones
Tras conocer la sentencia, fuentes de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que lidera Vicente Martínez Mus, detallan a Europa Press que desde el Ejecutivo valenciano «se analizarán todas las vías jurídicas para proteger los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico».
Desde la Administración valenciana apuntan que con la citada resolución «se evidencia que el Tribunal Constitucional no dice que no se puedan proteger los núcleos etnológicos, sino que cuestiona que lo haga una comunidad autónoma». Pese a tumbar esos preceptos que el propio Martínez Mus había subrayado durante toda su tramitación, considera que la sentencia «no cierra la puerta a su protección mediante la legislación estatal» y mantiene «vivo» el debate sobre la reforma de la Ley de Costas «que los partidos del Gobierno han bloqueado a nivel nacional, pese a la mayoría parlamentaria que la ha respaldado esta legislatura».
«Excepto este artículo que buscaba proteger a las casas tradicional de costa, el resto de la ley sigue en vigor y se va a seguir desarrollando», recalcan fuentes de la Generalitat.
Por parte de la oposición, la portavoz adjunta del PSPV en Les Corts Mª José Salvador ha subrayado que los socialistas denunciaron «desde el principio» que la Ley de Costas impulsada por el Consell «invadía competencias estatales»; en concreto, la figura de los núcleos etnológicos con la que «pretendían condicionar deslindes en la costa valenciana, que es competencia absolutamente del Gobierno de España».
«El Partido Popular impulsó una ley para confrontar con el Gobierno de España y, en este sentido, el Partido Popular ha jugado con los vecinos y vecinos de nuestra comunidad, vecinos y vecinos de buena fe», ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios tras conocer la decisión del TC.
Salvador, quien fue consellera de Vertebración Territorial durante el anterior gobierno del Botànic, ha afirmado que el conseller del ramo, Vicente Martínez Mus, «debería dimitir ya, porque ha jugado generando falsas expectativas en los valencianos». La ley, ha insistido, «solo tenía un objetivo: confrontar con el Gobierno y engañar a nuestra población».
