El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, atiende a elEconomista.es para analizar los grandes asuntos de la agenda política: la crisis de Rodalies y la reforma de la financiación autonómica.
¿Quién es el culpable del desbarajuste de Rodalies?
En democracia se juzga a quien gobierna. Los gobiernos anteriores ya fueron juzgados en las urnas. Sánchez y su Gobierno gobiernan desde hace ocho años. Ocho años, no ocho meses. Por tanto, corresponde a ellos dar explicaciones. El estado actual de los trenes en Cataluña es su responsabilidad. Nunca habíamos estado en una situación así en otras etapas de la historia.
¿Qué mensaje manda a la ciudadanía? Porque esto no tiene remedio a corto plazo…
Por desgracia, es normal que la gente esté indignada. Ha tenido que morir gente para que de golpe y porrazo pasen de decir que tenemos el mejor sistema ferroviario de Occidente, a reconocer que las infraestructuras están hechas un asco. Cataluña es la tierra del despilfarro, está llena de observatorios, taules, consorcios… pero en infraestructuras no gasta absolutamente nada. Pues ahora es un buen momento. Además, se acaba de anunciar la creación de una empresa mixta para que se ponga dinero para el mantenimiento y la recuperación de las infraestructuras ferroviarias.
¿Se puede confiar en que una gestión más cercana, donde la Generalitat tenga mayor poder de decisión, mejorará la situación?
Lo querré ver. Es un asunto de gestión, no hablamos ni de principios, ni de valores. A mí lo que me interesa es que los trenes funcionen bien, no tanto de quién sea la competencia. Si se acaba demostrando que esta nueva empresa gestiona mejor, no tendré inconveniente en reconocerlo. Lo que pasa es que la experiencia no es muy buena. Los últimos gobiernos en Cataluña no han sido capaces ni de organizar oposiciones porque les revienta el sistema informático.
Si el PP gobierna, ¿el traspaso de Rodalies se mantendrá o se revertirá?
Esta empresa acaba de ponerse en funcionamiento y habrá que esperar a ver sus resultados. Es un tema estricto de gestión. Para muchos puede ser identitario; para mí, no.
Hablemos de financiación autonómica. Hay un acuerdo sobre la mesa que se ha pactado sin tener en cuenta al resto de comunidades, pero que en principio entra en vigor el próximo año. ¿Cómo lo valora?
Uno: está destinado al fracaso porque repite la misma metodología del año 2009. Dos: se trata de una propuesta de tres supervivientes, que son Illa, Sánchez y Junqueras, que no tiene apoyo parlamentario en el Congreso de los Diputados y que ni siquiera tiene el apoyo mayoritario del PSOE, que allí donde gobierna también se ha mostrado en contra. La historia nos demuestra, como pasó en el año 2001, que los acuerdos de financiación solo funcionan cuando se pactan entre todos. De ahí no nos movemos.
¿Por qué el PP no propone una reforma alternativa?
Porque corresponde al Gobierno de España de turno sentar a las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo. Esto de los modelos a priori y las ordinalidades es un invento nacionalista. El asunto es mucho más sencillo. Hay que sentarse y decir: tú qué gastas, tú qué necesitas, qué parte te toca para que tus servicios públicos funcionen. Es decir, llegar a un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Pero aunque no se esté en el Gobierno, se pueden hacer propuestas. Recientemente, el PP presentó en Barcelona su plan sobre inmigración.
Nuestra propuesta es llegar a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas. No hay una propuesta a priori que es, insisto, lo que hacen los nacionalistas. Nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo. ¿Y eso qué significa? Que cada comunidad tiene necesidades distintas en función de sus servicios sociales, población… Eso es lo que hay que medir. En este asunto, hay que ser muy quirúrgico y muy preciso.
Entiendo que el principio de ordinalidad no forma parte del utillaje conceptual del PP.
Aquí se propone que el principio de ordinalidad solo se aplique a Cataluña. Y si aplicas el principio, la que tendría que salir mejor parada es la que más aporta, que es Madrid. La segunda, Baleares. Y ya en tercer o cuarto lugar, depende de cómo se calcule, Cataluña. Pero eso nadie lo quiere, ¿verdad? Es un disparate creer que se puede aplicar el principio de ordinalidad exclusivamente a una comunidad. No puedo defender que un sistema de financiación beneficie a las comunidades autónomas más ricas. Sería un sistema injusto.
Tanto el Gobierno como el independentismo repiten que Cataluña está infrafinanciada. ¿Es así?
Cataluña no tiene ningún agravio. Creo que todas las comunidades pueden mejorar su sistema de financiación si hay buena voluntad y no hay radicalismos ideológicos. Pero es radicalmente falso, insisto, que Cataluña viva un agravio con respecto al resto de comunidades autónomas españolas. Es inventado y, además, eso dejaría en muy mal lugar a los partidos nacionalistas que han tenido la llave de la política española.
Otra pata del nuevo modelo es la ‘Hacienda propia’, es decir, que Cataluña tenga más poder recaudatorio. El Govern está empeñado en agrandar la Agencia Tributaria Catalana. Sobre este proyecto, ¿qué opina?
Pues en primer lugar que es mentira. Lo anunciaron para julio y van pasando los meses. Creo que estaban más interesados en que la Generalitat tenga 4.000 nuevos funcionarios para colocar a toda la gente del aparato del partido. Crear una nueva estructura administrativa no es lo que necesita Cataluña. Lo que Cataluña necesita son impuestos más bajos, facilidad empresarial, licencias más rápidas… dinamismo económico, en definitiva, no más funcionarios.
Ha hecho suya la expresión ‘infierno fiscal’. ¿Qué margen hay para bajar impuestos en Cataluña?
Todo el del mundo. Creemos en la supresión fulminante del impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones, en la reducción del tramo autonómico del IRPF y en la supresión de esos 18 tributos propios que no tiene ninguna comunidad autónoma, como el del CO2, que es un impuesto totalmente inmoral porque grava a los coches de las familias más humildes, aquellas que no pueden permitirse un coche eléctrico de 70.000 euros.
