El Consejo de Ministros, tal como se esperaba, ha dado luz verde este martes al Real Decreto-Ley del llamado escudo social, separado del que recoge la revalorización para 2026 de las pensiones de la Seguridad Social. El Ejecutivo ha aprovechado la segunda oportunidad para llevarlos al Congreso de nuevo, pero cada asunto por su lado, única manera de que al menos el de las pensiones sea aprobado. Lo que no va a ocurrir con el de la prórroga antidesahucios.
Porque, según ha declarado la portavoz de Junts Míriam Nogueras a elEconomista.es «nosotros vamos a votar que no al real decreto». «No compramos nada», añade . Aunque la formación catalana valora que se haya modificado en favor de los pequeños propietarios, el rechazo «es total, no a todo el decreto-ley».
Junts afirma que la cuestión mollar es la prórroga de la moratoria antidesahucios en sí. Los cambios del Consejo de Ministros no son suficientes. Lo único que, en palabras de Míriam Nogueras, es positivo «es que el Gobierno ha reconocido que se ha equivocado y ha separado los dos decretos-leyes». Eso ha salvado la revalorización de las pensiones, cuyo decreto sí será convalidado al contar, ahora sí, con los votos a favor de Junts y del PP.
La norma se ha modificado para dar cabida al acuerdo in extremis alcanzado con el PNV, por el cual los propietarios de una o dos viviendas quedan excluidos de hacerse cargo de la alternativa habitacional de sus inquilinos vulnerables, «de lo que se encargarán los servicios sociales», en palabras de la portavoz del Ejecutivo Elma Saiz. Además, los propietarios de dos o tres viviendas con contrato previo a la moratoria de 2020 y cuyos inquilinos no sean vulnerables no tendrán prórroga de la moratoria de desahucios, al igual que los que posean una o dos.
Por lo demás, continúa la prórroga de la prohibición de los desahucios a personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026 para el resto de propietarios.
Asimismo, se fija la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para los consumidores vulnerables. Este Real Decreto-ley, con el que se pretende ganar el favor de una mayoría en el Congreso al no formar parte de un decreto ómnibus, incluye otras medidas de este último. Casi todas son también prórrogas para el ejercicio de 2026 como la antidesahucios aunque por supuesto no polémicas.
En este mini ómnibus se contempla una nueva exención en el IRPF para las indemnizaciones por daños personales por los incendios forestales del pasado verano;la prórroga de ayudas directas para la reconstrucción de municipios afectados por la DANA a las que se añaden las exenciones en el IRPF y Sociedades que se aplican a profesionales y empresas dañados; se prorrogan las deducciones de hasta el 15% en el IRPF para particulares y empresas por la compra de vehículos eléctricos y la instalación de un punto de recarga; y se establecen deducciones del 20%, del 490% o del 60% para reformas para rehabilitar viviendas o edificios que reduzcan la demanda de calefacción o refrigeración.
Otra de las prórrogas es la de los límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF de los autónomos y a los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.
Asimismo, se actualizan las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales. En el caso de las primeras, se recurrirá a suplementos de crédito por importe de 3.000 millones de euros y en de las entidades locales, quedan como en 2025 y los suplementos de crédito ascenderán a 3.800 millones de euros.
Las negociaciones con los grupos políticos para convencerles de los cambios en el decreto ómnibus se han llevado a cabo estos días, especialmente, el lunes 2, con celeridad e intensidad. El equilibrio es vital. Porque mientras hay que convencer a los más renuentes para que apoyen este segundo escudo social en el Congreso, las concesiones o modificaciones en el decreto ómnibus original pueden causar el rechazo de los partidos de izquierdas.
Así ha ocurrido con el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con el PNV. El hecho de eximir a los pequeños caseros ha provocado las iras de otro grupo político, el de Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, aseguró tras conocer el acuerdo con los nacionalistas vascos que el cambio legal le produce «un asco absoluto». «Pobrecitos (por los propietarios de una o dos viviendas), sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad», señaló Belarra.
Se hace patente que la posición del Gobierno en este asunto es compleja. Ha ganado el favor de los cinco diputados del PNV, que ya habían votado a favor del ómnibus en el Pleno del pasado 27 pero que ahora exigían cambios para apoyarlo. Pero ha perdido los cuatro votos de Podemos, integrado en el Grupo Mixto.
La próxima semana, si el Pleno en el Congreso se celebra entonces lo que parece lo más lógico por cuestiones de tiempo en la convalidación de la subida de las pensiones, el Gobierno volverá a sufrir otra derrota parlamentaria y política. Este escudo social es fruto de un acuerdo con Bildu que, al final, naufragará en la Cámara Baja por lo de siempre, la falta de apoyos.
