Juan Alfonso Ruiz Molina (Toledo, 1962) es un funcionario de carrera, licenciado en Económicas y Empresariales, con mucha experiencia política a sus espaldas. Ha ocupado diversos cargos en el Ayuntamiento de su ciudad, en el Gobierno central y en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Desde 2015, acompaña a Emiliano García-Page como consejero de Hacienda y Administraciones Públicas y, en esta legislatura, con el añadido de Transformación Digital. Su enérgica oposición al sistema de financiación autonómica pactado con ERC le está dando a conocer fuera de su tierra. No ha cambiado sus posiciones socialistas, que defiende desde hace muchos años. Lo que afirma es que el nuevo sistema «es incompatible con la igualdad, un postulado de la izquierda» según manifestó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado miércoles 14 de enero.
¿Por qué se opone Castilla-La Mancha al proyecto de nueva financiación autonómica presentado por el Ministerio de Hacienda?
En primer lugar, porque se trata de algo que ha surgido de una negociación exclusiva con un grupo político que no tiene representación en ni ningún gobierno. Ni siquiera es una negociación con una sola autonomía. Se han saltado a la torera la multilateralidad, la negociación con todas las autonomías. En segundo lugar, está el principio de ordinalidad, el cual representa más financiación para quien más tiene. Y luego nos encontramos con que no hay información sobre el sistema, solo el power point que nos presentaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es el mismo que se dio a conocer en la rueda de prensa de la ministra Montero. Es triste que la información la tenga ERC e incluso el presidente de la Generalitat de Catalunya Salvador Illa y yo no disponga de ningún dato. Porque eso sería lo más legítimo. No sé por qué a Castilla-La Mancha se le asignan 1.248 millones de euros más en este sistema. Esta cantidad, y esto lo dice Fedea, lo que Hacienda todavía no ha desmentido, supone que nos quedamos todavía mucho más por debajo de la media de financiación que con el modelo vigente. En toda la historia de las reformas y las negociaciones de los sistemas de financiación autonómica, y yo tengo experiencia en esto, nunca se había trabajado de esta manera.
¿Cree que el sistema que se proyecta abre la puerta a establecer un cupo catalán?
No lo parece. De lo que se trata es de establecer el «privilegio catalán». Nadie nos ha explicado que para tener más financiación se cuele Cataluña la primera. Ni tampoco nadie nos ha explicado cómo es posible que la financiación de Cataluña duplique a la de la Comunidad de Madrid, con casi el mismo coste en servicios públicos.
¿Está dispuesta Castilla-La Mancha a acudir a una reunión bilateral con la ministra de Hacienda Mª Jesús Montero tal y como les está proponiendo a las comunidades autónomas?
Yo, cuando tengo una reunión, suelo preparármela. Voy con toda la información necesaria. Necesito tener el mismo conocimiento que tiene del asunto la parte con la que voy a reunirme. No dispongo de esa información y así no acudo a una reunión. Quiero los datos necesarios para la comunidad autónoma.
¿Qué consideración le merecen las declaraciones de Mª Jesús Montero sobre que el rechazo de Castilla-La Mancha y el Principado de Asturias al nuevo modelo es porque esperaban más?
Esas declaraciones son erróneas. Yo no me he manifestado en el sentido de que esperaba más financiación para mi comunidad autónoma. A mí no me lo ha escuchado. Recibimos menos pero lo que más preocupa de verdad de este sistema que nos han presentado es el principio de ordinalidad que incluye lo pactado previamente con Oriol Junqueras.
¿Se ha puesto en contacto el Ministerio de Hacienda con Castilla-La Mancha después de su rechazo a lo presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera?
Tuve una conversación con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, antes de la celebración del CPFF. Me contó que nos iban a presentar las líneas del nuevo modelo de financiación autonómica. Fue una conversación larga. Me limité a tomar apuntes porque esperaba que, antes de presentar el sistema a los medios de comunicación, me remitiera en qué consistía. No fue así.
¿Hay algunos aspectos del proyecto presentado que le parezcan positivos? Por ejemplo, el fondo climático.
Dos tercios de los 1.000 millones de euros de este fondo se repartirán bajo el criterio de población ajustada entre las comunidades autónomas del arco mediterráneo, «las más expuestas al cambio climático» según el Ministerio. Más problemas de reparto. Castilla-La Mancha, y todas las demás, está tan expuesta al cambio climático como las del arco mediterráneo. Sufrimos la Filomena hace cinco años como toda la zona centro de la Península. Este verano otras autonomías han tenido grandes incendios. Sí que la Comunidad Valenciana pasó en 2024 por el desastre de la Dana, pero es todo el país el que está expuesto. Y solo un tercio de los 1.000 millones lo recibirán el resto de los territorios. En cuanto al otro fondo, el de la recaudación del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas en el territorio, no lo entiendo. De momento, la mayor parte se la lleva Cataluña, 2.000 millones. Cuando se crean fondos hay que hacerlo con criterio. Igual que en el sistema vigente hay fondos prescindibles, en el nuevo están estos, que otra vez priman a Cataluña y luego también, a la comunidad autónoma de Andalucía.
En el caso de que el Gobierno presente un proyecto de ley de reforma del sistema de financiación autonómica en el Congreso y visto el rechazo de Castilla-La Mancha, ¿votarán en contra los diputados socialistas de su región, que son 21?
Lo primero, habrá que esperar a ver si llega a presentarse algún proyecto sobre el tema en el Parlamento, no está claro. Creo que los diputados no tendrán la ocasión de manifestarse. Lo que esperamos es que el Gobierno retire esta propuesta y presente otra nueva.
Pero si se presentase, ¿ve alguna posibilidad de que Junts, grupo político clave ahora en el Congreso, lo apruebe?
No tengo una varita mágica. Nuestra intención es agotar la vía política y, en última instancia, recurrir a la vía judicial.
