La relación de Nicolás Maduro con los cárteles de la droga venía de mucho antes de que fuese presidente. El entramado de narcotráfico a través de la estructura del Estado empezó hace más de 25 años, según reza el escrito de acusación de la Fiscalía de EEUU. Primero, en su etapa como miembro de la Asamblea y luego durante su tiempo en la Cancillería, como responsable de las relaciones exteriores del país. Así, el escrito judicial al que ha tenido acceso elEconomista.es asegura que en su período en Exteriores, habría abierto un «puente aéreo de la cocaína» entre Venezuela y Honduras.
Según indica la Sala del Distrito Sur de Nueva York, las FARC y el Cartel de los Soles habrían pagado sobornos al propio Maduro para que garantizase un paso seguro para los grandes envíos de cocaína que transitaban por Venezuela. En esta trama de tránsito aéreo se nombra también a Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del chavismo, al famoso Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, persona clave en la investigación, y al general chavista Cliver Alcalá, como implicados.
El informe de la acusación reza que el Departamento de Estado de Estados Unidos identificó, solo en 2010, etapa en la que Maduro estaba en la Cancillería, cerca de 75 vuelos no autorizados «sospechosos» sobrevolando el espacio aéreo hondureño a través de este puente aéreo. Además de eso, los narcotraficantes daban ingentes cantidades de dinero a estos altos cargos, por aquel entonces en el Gobierno de Hugo Chávez, a cambio de acceso a puertos comerciales y a los datos de radares aéreos y marítimos de Venezuela.
Pero la trama iba más allá, ya que, además de esto, Maduro y los otros se coordinaron con la guerrilla armada de las FARC, en operaciones realmente coreografiadas.
Además de transportar y distribuir los grandes cargamentos de droga, teatralizaban incautaciones de cocaína a narcotraficantes para luego vender el botín por detrás a cambio de millones de dólares. Por otro lado, también aceptaron dinero de los cárteles para que las autoridades venezolanas «interfiriesen en las investigaciones de narcotráfico y en los casos penales pendientes en Venezuela y otros países».
A todo esto, hay que sumar una amplia protección con seguridad armada para escoltar los cargamentos de cocaína y el sustento a las FARC con armamento militar, «incluyendo ametralladoras, municiones, lanzacohetes y explosivos», añade el auto de acusación.
El escrito demuestra que la protección judicial a los cárteles y grupos armados de narcotráfico viene incluso de antes de los sobornos. Hugo Chávez habría dado instrucciones a Nicolás Maduro, que por aquel entonces era miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, y a otros miembros del Gobierno, de que aquellos jueces venezolanos que no protegieran a las FARC y sus actividades debían ser destituidos de sus cargos. Ese mismo año, el Gobierno venezolano «puso fin en gran medida a la participación de Venezuela en operaciones bilaterales antinarcóticos con la Administración para el Control de Drogas (DEA)», explica la Fiscalía estadounidense.
La acusación recalca en todos sus escritos que Maduro se valió de su posición como jefe de la diplomacia para abrir caminos a los narcotraficantes en este complejo entramado de transporte de droga hacia Estados Unidos, e incluso prometió a las FARC que usaría las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia para que la frontera permaneciese abierta y así facilitar el tráfico de cocaína.
Lavado de dinero
En cuanto a las cantidades que recibió el ya expresidente, el escrito habla de que cuando fue nombrado canciller, allá por 2006, recibió cinco millones de dólares ese mismo año, procedentes del narcotráfico, a través de terceros, para lavar dinero. El escrito de acusación asegura que en reiteradas ocasiones recibió «muchos millones» de las FARC para lavarlos «a través de la compra de equipos de extracción de aceite de palma de Malasia».
La acusación indica en sus escritos que estos fondos fueron utilizados para apoyar tanto a las FARC como a la estructura criminal asociada al Cartel de los Soles, mediante esquemas financieros complejos y el uso de acuerdos comerciales del Estado venezolano. La Fiscalía de Nueva York sostiene en su auto que posiblemente haya cifras de dinero más altas, pero no fue capaz de demostrarlas a través de pruebas contundentes que pertenecen a esa trama de lavado de dólares procedentes de la venta de droga.
