Enero de 2026 ha comenzado y los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio siguen sin aprobarse. Ya están automáticamente prorrogados los de 2023. Aunque el Gobierno manifiesta una y otra vez que tiene intención de presentar el proyecto de ley, las probabilidades de que sea aprobado en el Congreso son mínimas, por no decir nulas. Mucho tiene que cambiar el escenario político para que Junts, grupo parlamentario clave, apoye las Cuentas.
Mª Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, quiso quitar importancia a la ausencia de Presupuestos al presentar el techo de gasto para 2026:»La prórroga no ha paralizado el crecimiento de la economía, ni la dinámica del mercado laboral, ni la confianza inversora».
Es innegable que ha habido incrementos importantes del PIB y buena evolución del mercado laboral. Pero lo que respecta a la confianza inversora no es del todo cierto. La inversión extranjera neta se redujo un 65% en los primeros meses del año, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio. El Banco de España sitúa la caída en su posición en el PIB en el tercer trimestre en el 44, 5%. La inversión privada nacional se sitúa por debajo de la media de la eurozona. La pública tiene un déficit estructural desde hace años que provoca una brecha con la media de la Unión Europea. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) calculó a mediados de año, con solo dos prórrogas presupuestarias, que el esfuerzo de inversión, sobre todo en infraestructuras, debería aumentar un punto de PIB anual, unos 15.000 millones de euros al año por encima del nivel actual.
Los fondos Next Generation, que los estados miembros de la UEreciben desde 2021, han paliado en parte la debilidad de actividad inversora. Pero el grado de ejecución es muy mejorable. De enero a octubre de 2025, el porcentaje de obligaciones reconocidas fue solo el 25,7% y el de pagos realizados todavía menos, el 12,4%, según la IGAE. En 2026 se acaba esta inyección económica, ausencia agravada, además, por la renuncia por parte del Gobierno español de 60.000 millones de euros en préstamos del Mecanismo de Recuperación.
La falta de inversión nueva está repercutiendo en la calidad de los servicios públicos. Ferrocarriles, carreteras, funcionamiento de instituciones y organismos públicos y, en general, todos aquellos servicios que dependen del Estado se están deteriorando de año en año. Ni las cada vez más frecuentes modificaciones de crédito pueden disimular lo que está a la vista de cualquier ciudadano.
Hasta el 30 de octubre pasado, estas modificaciones (créditos extraordinarios, suplementos, ampliaciones y transferencias de créditos) sumaban 73.151 millones. Esta práctica presupuestaria es habitual con prórrogas o sin ellas, pero nunca había alcanzado los niveles actuales. Con una tercera prórroga, se disparará aún más.
El gran problema, además de generar más gasto público, es que estos movimientos no pasan por el control parlamentario en su mayor parte. La ausencia de Presupuestos Generales del Estado es vista por expertos y analistas como una anomalía democrática. Ya lo fue prorrogar dos años seguidos los aprobados en 2018 por un Gobierno de otro partido, el PP. Ahora todo apunta a que la anomalía se prolongara aún más si no salen los de 2026. España vive con unas políticas económicas aprobadas por un Congreso compuesto de manera que no se corresponde con los resultados que los españoles votaron en julio de 2023.
El segundo déficit democrático es que la principal ley del Estado, sus Presupuestos, llevará tres ejercicios sin ser conocida, debatida y votada en el Parlamento.
España va a entrar en su tercer año, si no se produce un cambio político importante en los próximos meses, sin una planificación económica de conjunto. La que hay corresponde a otro momento, al año 2022, cuando se elaboraron los actuales. Las necesidades sociales han cambiado en estos años y, en la actualidad, hay prioridades como la escasez de vivienda o el aumento de la inmigración que requieren políticas más ambiciosas.
Todo se está solucionando a base de reales decretos leyes, que es la forma menos democrática de gobernar. Estas normas entran en vigor al publicarse en el BOE nada más ser aprobadas en Consejo de Ministros. Pasan al Congreso para ser convalidados o no. Cada convalidación requiere negociación con los socios y normalmente concesiones a los nacionalistas sobre todo. Su paso a proyecto de ley, texto en el que se revisa lo establecido por el Gobierno en las comisiones correspondientes, se presentan enmiendas, se emiten dictámenes e informes y, por fin, se vota, se alarga en el tiempo por la falta de apoyos políticos. En el caso de lograr estos, se repiten las negociaciones.
El proyecto de Presupuestos Generales para 2026 se presentará transcurridos ya meses del año. Su tramitación es larga y aunque se realice con urgencia, en el caso de salir aprobados, no estarán vigentes hasta mediados del ejercicio. Entonces, habrá que empezar a preparar los de 2027. Con las fuerzas políticas en su estado actual, será volver a la misma casilla de salida. Si no se celebran antes elecciones, el Gobierno puede llegar a vivir otra situación histórica: una legislatura entera sin Presupuestos.
