Los retrasos en los pagos y el recurso al gasto fuera del presupuesto siguen siendo una práctica enraizada en la Generalitat Valenciana, según vuelve a reflejar la última auditoría anual de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, que el organismo ha entregado este lunes a Les Corts.
La Sindicatura vuelve a ser especialmente crítica con los plazos de pago de la Administración valenciana. El Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración de 2024 refleja que más del 78,4% de cerca de 1,1 millón de facturas pagadas en 2024 y revisadas por el organismo supera el plazo legal de pago.
Esa es una de las «excepciones y deficiencias» que ha detectado la auditoría, que además advierte de los costes extra que esto genera a las arcas públicas autonómicas, de cerca de 140 millones de euros. Según recoge el informe, se han pagado 32,5 millones de euros de intereses y otros 10 millones de euros de indemnizaciones por costes de cobro por la demora en el pago. Pero además aún quedan pendientes de imputación al presupuesto del ejercicio otros 97,5 millones de euros, «el total más elevado de los últimos ejercicios».
También apunta a las devoluciones de ingresos indebidos en 2024 (40 millones de euros y 4,1 millones de euros de intereses de demora): el elevado tiempo medio de tramitación (178 días) supone una debilidad significativa de gestión y control, que ha empeorado respecto al ejercicio anterior.
Fuera de presupuesto
Entre las deficiencias que también se repiten desde hace años, la auditoría pone énfasis en el aumento del recurso a instrumentos para afrontar gastos de años anteriores no incluidos en los presupuestos, una práctica que recuerda que no es legal. Durante el año pasado se aprobaron 2.219,6 millones de euros en expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, un 33% más pese a que es un procedimiento reservado a situaciones extraordinarias. De esos fondos, el 88,5% correspondió a gasto de la Conselleria de Sanidad y el 7,2% de la Conselleria de Servicios Sociales
En su informe, la Sindicatura advierte de la persistencia de la situación de «grave desequilibrio económico-patrimonial, financiero y de liquidez, que empeora en 2024″. En esa línea, el informe vuelve a reflejar que los ingresos por el sistema de financiación autonómica resultan inferiores a los que corresponderían a un sistema equitativo.
Una situación que ejemplifica con que «el presupuesto inicial de gastos resulta insuficiente para atender todos los gastos ineludibles y previsibles, sobre todo en las compras sanitarias y prestaciones farmacéuticas, así como en las ayudas a la dependencia».
Además, la Sindicatura de Comptes destaca que la financiación estatal de las ayudas a la dependencia no alcanza el 50% previsto y, por otra parte, la falta de compensación de los gastos sanitarios de desplazados en la Comunitat Valenciana. «Consideramos urgente la modificación de estos sistemas». apunta.
Otro de los apartados que incluye es el déficit derivado de la inclusión de «previsiones iniciales de ingresos no ajustadas a la realidad de su ejecución», que según cuantifica al cierre del ejercicio 2024 asciende, al menos, a 1.737,8 millones de euros. Unas cifras que el Gobierno valenciano en la infrafinanciación y falta de compensación de costes de servicios esenciales.
Concesiones sanitarias
Otra de las cuestiones que la Sindicatura incluye todos los años en su revisión son las liquidaciones pendientes por las concesiones sanitarias públicas, es decir, el dinero que tienen que compensar las empresas como Ribera Salud y Sanitas con la Generalitat por distintos gastos cruzados.
Al cierre de 2024 cifra en 41 las liquidaciones pendientes de años anteriores, aunque explica que en el primer semestre de 2025, la Conselleria de Sanidad ha aprobado 35 liquidaciones de las cinco concesionarias, así como expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, que suponen un saldo de 256 millones de euros a favor de la Generalitat, es decir, que la Administración ingresa.
Sin embargo, por la experiencia de estos últimos años, la auditoría explica que «no se ha podido concluir sobre la razonabilidad de los importes aprobados, por la limitación al alcance derivada de la alta litigiosidad, por las discrepancias sobre los criterios y condiciones contractuales y por la dificultad de obtención de la información que las soporta». De hecho recoge que la concesionaria del área de salud de Manises, Sanitas, ha vuelto a recurrir judicialmente sus liquidaciones.
Dentro de los acuerdos sanitarios la Sindicatura también lleva años señalando el Acuerdo de acción concertada suscrito el 6 de octubre de 2017, entre la Conselleria de Sanidad y la Fundación IVO para atender a pacientes oncológicos en ese centro de referencia y que se prorroga pese a que legalmente hace tiempo que debería haberse firmado uno nuevo.
Un sistema que también afecta a las concesionarias privadas, ya que la Conselleria de Sanidad ha asumido el coste de los tratamientos facturados por la Fundación IVO de diversos pacientes asignados a las concesionarias. «En 2025 la Conselleria ha repercutido gastos oncológicos por un importe de 45,4 millones de euros a las concesionarias, que han presentado recursos», señala el informe, que recog que el Tribunal de Cuentas «ha abierto diligencias preprocesales a fin de determinar la posible existencia de responsabilidad contable» por la información incluida en años anteriores.
