El Consejo de Ministros verá hoy en primera vuelta el anteproyecto de ley del Estatuto del Becario, la ley que Yolanda Díaz pactó hace más de dos años con CCOO y UGT y busca regular las prácticas de estudiantes en empresas o administraciones para acabar con los falsos becarios. Este será el primer paso para llegar al Congreso de los Diputados, donde la negativa de Junts se sumará a las dudas de otros grupos de la izquierda, lo que complica la aprobación del texto que obligaría a las empresas a compensar los gastos del estudiante en formación.
Fuentes de la cartera de Trabajo ya habían deslizado en la última semana que era probable que el borrador de esta norma se incluyera en la reunión del Ejecutivo de este martes, lo que confirmaron ayer. El texto fue negociado con los agentes sociales durante la pasada legislatura y el acuerdo, firmado a las puertas de las elecciones generales de 2023. No obstante, desde entonces no había sido impulsado (a pesar de que el proceso de consulta pública había culminado hace casi un año) por las reticencias del ala socialista del Gobierno.
El Ministerio de Trabajo trasladó su intención de abrir un proceso de consultas a patronal y sindicatos sobre el texto al inicio de esta legislatura, sin embargo, la reticencia de los representantes de los trabajadores que ya habían negociado el articulado en dos ocasiones hicieron que renunciara a este amago, por lo que los sindicatos confían en que mañana se de el primer aprobado al texto pactado y no esperan que se hayan producido modificaciones.
Este borrador incluía varias novedades, entre las que destaca la obligación de que las empresas compensen al becario los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención si no recibe una remuneración por sus prácticas ni cuenta con una beca que cubra parte de estos costes. Al inicio de la negociación se planteó obligar a todas las empresas e instituciones a pagar una cuantía mínima a los estudiantes, pero los sindicatos lo rechazaron por ser un contrato formativo y no laboral; ya que entendían que podría dar pie a usar esta fórmula como vía para pagar salarios más reducidos.
De hecho, este texto matiza que los periodos de prácticas tienen que estar vinculados a un grado de FP, enseñanzas artísticas o deportivas, especialidades formativa y grados universitarios. Estos últimos tienen horas de prácticas curriculares, es decir, las que tienen que hacer de forma obligatoria para obtener su título y extracurriculares, las que hacen de forma voluntaria y que no podrán superar las 480 horas, por entender que aquí se da el fraude.
La norma, que tendría que pasar una segunda vez por el Consejo de Ministros antes de ser enviada a la Cámara Baja, también habilitaría a la Inspección de Trabajo para revisar que los acuerdos o convenios de prácticas respetan esta ley. Además, el control de estos contratos se incluirá dentro de la planificación anual de actuaciones de la Inspección de Trabajo, que podrá poner multas de entre 70 y 225.000 euros, en función de la gravedad.
Así, si el convenio de las prácticas no incluye todos los aspectos mínimos recogidos en el Estatuto del Becario (como los derechos del estudiante, el sistema de tutorías o la asignación económica) la empresa se enfrentaría a sanciones de 70 a 750 euros. En cambio, si los estudiantes pagan por realizar esas horas de prácticas, si se vulnera alguno de los derechos del estudiante o no se informa al comité de empresa de estos acuerdos, las mutas podrían ascender a 7.500 euros en su grado máximo.
Las sanciones que superan esta cifra condenarían la discriminación respecto a la retribución, jornada, formación o promoción por edad, sexo, origen, convicciones políticas o religiosas o afiliación a sindicatos, que en su grado máximo irían de 120.000 a 225.018 euros.
