El nuevo curso político ha dado hoy su pistoletazo de salida con la celebración del El Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las afectadas por los incendios e inundaciones que se vienen sucediendo desde el pasado 24 de junio.
Una vez declaradas zonas de emergencia, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece los procedimientos que tendrá que llevar a cabo el Ejecutivo en materia de recuperación para reestablecer lo antes posible la normalidad en las zona siniestradas, y es a través de un Real Decreto Ley por el que se regulan las cuantías. Así, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que serán los ministerios correspondientes los que concretarán lo que se destina a cada partida, ya que las cuantías se pueden incrementar a través de otro RDL.
Entre las medidas que se pondrán a disposición de los afectados se encuentran ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad (15.120 euros); ayudas económicas por fallecimiento y por incapacidad –absoluta y permanente- (18.000 euros); compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables; ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes; ayudas destinadas a establecimientos industriales , mercantiles y de servicios (9.224 euros); subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular; ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina; apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Además, la propia ley señala que se podrían adoptar medidas fiscales, como la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), la exención de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos, así como la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados por dichas causas. Las ayudas por daños personales estarán exentas del IRPF.
También establece la compensación la caída de los ingresos en los tributos locales que, en su caso, se produzca en los ayuntamientos, diputaciones provinciales a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y, de manera excepcional, la ministra de Hacienda y el titular de Administración Pública podrá autorizar una reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
En materia laboral, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil establece que las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma que queden debidamente acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor. Y, en el primer supuesto, será la Tesorería General de la Seguridad Social la que eximirá al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social.
Además, las empresas y autónomos incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social podrán solicitar y obtener una moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Y es que, en las últimas semanas, los incendios se han llevado por delante más de 350.000 hectáreas, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés). Esta cifra, unida a los incendios que ya se habían declarado a lo largo del ejercicio y que suman más de 411.000 hectáreas quemadas en 252 incendios en lo que va de 2025, firman así el que ha sido el peor año en la historia de España, superando en 104.760 las hectáreas que se quemaron en el año 2022, el que había sido el peor año hasta la fecha. Para poner en magnitud la cifra, del 1.015.024 hectáreas quemadas este año en la Unión Europea, el 39,6% pertenecen a España.
Se trata de una petición que han reclamado desde las últimas semanas algunos ayuntamientos y gobiernos regionales han reclamado al Ejecutivo la declaración de zona de emergencia para que se pongan en marcha las medidas que se destinarán para tratar de minimizar los efectos y se comience a trabajar cuando antes en una vuelta a la normalidad.
El Gobierno de Castilla y León y algunos ayuntamientos de Ourense han sido los primeros en realizar esta petición al Ejecutivo, ya que han sido las zonas que más han sufrido el fuego –de las 358.034 hectáreas que han ardido en todo el país, el 43,6%, unas 156.00, pertenecen a Galicia y el 41,7%n 149.000 aproximadamente, a Castilla y León.
Además, hay regiones, como Castilla y León, que ya están trabajando en sus propias medidas con el objetivo de reactivar cuando antes la normalidad. En la región castellanoleonesa, los agricultores y ganaderos podrán acceder a una ayuda directa de 5.500 euros, afirmó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
Así, para proteger la viabilidad de las explotaciones el Gobierno de Catilla y León compensará, con una indemnización, las hectáreas quemadas. Se destinarán 18 euros por hectárea quemada de pasto; 130 euros por hectárea de cultivo herbáceo, y 240 euros de cultivo leñoso.
Y es que, agricultores y ganaderos son unos de los grandes golpeados por los incendios. Desde COAG estiman que las pérdidas para el sector de más de 600 millones de euros; y desde Agroseguro señalan la pérdida de 19.100 las hectáreas de cultivo por el fuego.
Propuestas de Feijóo
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo presentó ayer un plan integral con 50 medidas frente a los incendios forestales que remitirá a las Cortes Generales. Entre ellas, se destacan un registro nacional de pirómanos en el que se incluyan a personas condenadas en sentencia firme por provocar incendios, quienes deberán portar pulseras telemáticas de localización –esto se debe a que, según cifras del Ministerio del Interior, en los últimos dos meses y medio se han detenido a 41 personas y otras 127 están siendo investigadas por iniciar fuegos–.
Feijóo también incluyó entre sus propuestas la profesionalización de los trabajadores de Protección Civil; un incremento de las ayudas y sin impuestos destinadas a la prevención y extinción de incendios; y más apoyo a la ganadería y el mundo rural. El líder de la oposición señaló que las medidas responden a tres objetivos: atención ágil a los afectados, recuperación de entornos y empleos destruidos, y garantías para que «una tragedia de estas dimensiones no vuelva a ocurrir».
Otras propuestas más concretas pasan por facilitar un alojamiento digno a los damnificados o un mayor refuerzo de seguridad en las zonas temporalmente evacuadas para evitar robos, la creación de oficinas móviles de atención a los perjudicados, ayudas a la alimentación y otros recursos al ganado y a la reposición de reses y el refuerzo de la cobertura de las redes de telefonía.
Desde el punto de vista local y autonómico, el Partido Popular propone la exención temporal de tasas e impuestos para las localidades y empresas afectadas, programas excepcionales de empleo para limpieza de montes, reparación y reconstrucción de viviendas; incentivos rápidos a la reapertura de negocios a autónomos y pymes; excepción de regulación autonómica para garantizar el pago de la PAC el próximo; activación del Mecanismo RED para las industrias o empresas especialmente afectadas, como vía de apoyo y flexibilidad.
Además, plantean ayudas del 100% a las corporaciones locales para sufragar los gastos derivados de la reconstrucción, presentar una Adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia de los Fondos NextGen con un nuevo componente Incendios y la activación del mecanismo RESTORE para flexibilizar el uso de fondos estructurales y dirigirlos a las personas y empresas afectadas.
